Con la autorización del proyecto "Planta de Tratamiento térmico de
todos los residuos contenidos en la NOM-052-ECOL-1993" de Altecín, la
Semarnat infringe la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos y el Convenio de Estocolmo, que obligan a México a
desarrollar opciones de menor impacto ambiental y a eliminar las
fuentes de generación de los COP.
Al autorizar el incinerador en El Higo, la Semarnat infringe la siguiente normatividad:
- Artículo 63 de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos donde se señala la obligación de evitar
la incineración de residuos peligrosos cuando existan opciones menos
contaminantes . Cabe decir que México cuenta con empresas
autorizadas para hacer otro tipo de tratamientos, como procesos
físicos, químicos y biológicos, además de la posibilidad de exportarlos
para su tratamiento a países como Finlandia, Francia y
Alemania.
- Artículo 67 frc. III de la misma ley, que habla sobre la imposibilidad de confinar PBC.
- Artículo 67 frc IX de la misma ley, que dice: "La incineración de
residuos peligrosos que sean o contengan compuestos orgánicos
persistentes y bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así como
baterías y acumuladores usados que contengan metales tóxicos; siempre y
cuando exista en el país alguna otra tecnología disponible que cause
menor impacto y riesgo ambiental".
- La Ley de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de
Veracruz-Llave artículo 1 frc IV establece que se privilegia la
protección del medio ambiente y en su art. 15 se destaca el desarrollo
a favor del beneficio colectivo".
"Greenpeace llama a los responsables de la política ambiental a detener
de inmediato este tipo de autorizaciones para incinerar productos
clorados ya que esta comprobada la generación de sustancias mucho más
tóxicas para la salud y el medio ambiente que las que se pretende
eliminar, como son las dioxinas y furanos", declaró Marisa Jacott,
coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace México.
"Es lamentable que la Subsecretaría de Gestión para la Protección
Ambiental de la Semarnat se dedique a promover y otorgar permisos a
tecnologías obsoletas y sucias como son las incineradoras, en lugar de
promover e incentivar tecnologías alternativas y limpias", apuntó
Jacott.
Greenpeace señala que si bien el anterior edil de El Higo extendió el
permiso de uso de suelo para Altecín, el trámite es ilegal ya que este
municipio hizo un convenio con el gobierno estatal para que sea éste,
quién otorgue este tipo de permisos, situación que hasta ahora no se ha
dado.
"Si el gobierno del estado declaró que no permitirá que ningún
incinerador de residuos peligrosos se establezca en la zona, el caso
debe darse por concluido y la planta retirada. Además tanto la COEPA
como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han
interpuesto demanda penal y clausura parcial. De hecho, el plazo que
Profepa dio a Altecín para sacar los askareles de El Higo terminó el 31
de abril. ¿Qué más necesitan las autoridades ambientales? Es
inaceptable que Altecín tenga confinados más de 169 tambos con PCB en
ese lugar", declaró Jacott.
Hasta ahora no hay información de la empresa ni de Semarnat sobre las
concentraciones de los PBC, la cuantificación de emisiones, componentes
de cenizas, aguas de lavado, entre otros . Igualmente, la empresa debe
presentar un estudio de afectación a la salud por emisiones a la
atmósfera. Pese a estas carencias, la Semarnat a través de la
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental estableción que
en la planta se incinerarán 200 kilogramos por hora, 140 toneladas
mensuales y 1,600 toneladas anuales, con un consumo de 1,300 litros de
agua por hora (10,400,000 litros al año). Se trata de una autorización
completamente ilegal.
Los PCB
Los policlorobifenilos son una mezcla de hasta 209
compuestos clorados cuya apariencia es de un líquido aceitoso. La
exposición a estos compuestos puede causar enrojecimiento de piel,
salpullido o acné, daño al hígado, cáncer de hígado y del tractobiliar,
así como alteraciones neurológicas e inmunológicas y del aparato
reproductivo. Pueden atravesar la placenta afectando al feto y se
excretan en leche materna. Monsanto fue la única empresa productora de
PCB en Estados Unidos y también el primer productor mundial hasta que
dejó de fabricarlos, en 1976. Su producción industrial fue resultado de
la expansión de la industria petroquímica y de la demanda de la
industria eléctrica . Los PBC están prohibidos, si bien información
técnica de la propia Semarnat señala que los bifenilos policlorados son
utilizados en transformadores, capacitores y equipos de transferencia
de calor, así como en fluidos hidráulicos, pigmentos para pinturas,
barnices, tintas para impresión, balastras (al 100%), ceras de pisos,
plastificantes en resinas y hules, papel para copia libre de carbón,
interruptores de alta tensión y bobinas reguladoras.
Greenpeace también denunciado la mala disposición y confinamiento
ilegal de PCB en 1999, con un tiradero clandestino de la Comisión
Federal de Electricidad en Perote, Veracruz de 2500 tambores de
askareles con capacidad de 200 litros, en una bodega semiabierta.
Greenpeace exigió la clausura inmediata del incinerador y que los PBC
sean sacados de inmediato a fin de recibir un tratamiento no térmico y
que se clausure la posibilidad e abrir otros incineradores en el país.
Igualmente, Greenpeace apoya el plantón indefinido de habitantes y
autoridades de El Higo, a fin de exigir la salida de Altecin del lugar.