Calderón avala destrucción de manglar en Colima: ONG

En un acto deliberado del gobierno federal por legitimar la construcción y operación de una instalación industrial de alto impacto ecológico en Colima,  que afectará a 8 mil metros cuadrados de manglar, el presidente Felipe Calderón colocó la primera piedra de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo (TGNLM), denunciaron las organizaciones ambientalistas Bios Iguana y Greenpeace México.

En su discurso, el presidente afirmó: “Otro encargo que le voy a hacer al director de la CFE y a los constructores de la regasificadora: que tengan mucho cuidado y les encargo, verdaderamente, el medio ambiente. Me alegra mucho que entre las condiciones que mi Gobierno puso para esta regasificadora, a través de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fue prácticamente, que por cada mangle que se tuviera que mover a otro lado, se plantaran cinco árboles de mangle más” (1).

De esta forma el presidente desdeña la importancia del ecosistema de manglar y desconoce las demandas de las organizaciones ambientalistas de la entidad, que han alertado sobre el daño ecológico a la zona si se deforesta manglar con este proyecto.

“Con el aval del gobierno federal para construir esta gasificadora en la Laguna de Cuyutlán, Calderón retoma la política de juzgar a los manglares como si fueran árboles de navidad. El árbol de mangle se puede plantar, pero con una plantación de mangle jamás se reemplazará la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema. Una regasificadora jamás proporcionará los servicios ambientales que los manglares ofrecen”, dijo Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace México.

Colima tiene 3,192 hectáreas (ha) de manglar (2) y de esto se pierde el dos por ciento anual (3). El proyecto TGNLM, que se pretende realizar en la Laguna de Cuyutlán, la cual cuenta con 1,500 ha de manglar y alberga especies en riesgo como el cocodrilo y las iguanas negras y verdes; además, está ubicada en un sito crítico para la migración de las aves playeras en la ruta de la Costa Pacífica.

En el mes de febrero, el consorcio KMS ganó la licitación para construir y operar la TGNLM durante 20 años, a través de una licitación pública internacional. Este consorcio está conformado por las compañías: Korea Gas Corporation y Samsung Corporation, en Corea y Mitsui Company Limited, en Japón.

Con este hecho, no sólo el gobierno federal avaló la afectación al manglar en Colima, también el gobierno estatal, encabezado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, permitió modificaciones ilegales al Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán, y financiado por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Además, la Semarnat aceptó cambios de uso de suelo y en manifestaciones de impacto ambiental; y fue modificado el programa de desarrollo urbano sin justificación técnica y jurídica por parte del ayuntamiento de Manzanillo, sólo para beneficiar este proyecto.

“La sociedad colimense fue excluida intencionalmente, no se le permitió participar con sus comentarios para la valoración del proyecto; quienes se han opuesto a  la construcción de esta regasificadora han sido acusados de contravenir a la inversión privada y la generación de empleos. Se ha intentado criminalizar la participación ciudadana frente a los abusos titulares de la función pública”, afirmó Esperanza Salazar, coordinadora general de Bios Iguana A.C.

En Manzanillo, las organizaciones ambientalistas que se oponen al proyecto han resentido la intimidación oficial y la represión directa por parte de escoltas del gobernador Cavazos Ceballos, y de agentes de procuración de justicia del estado de Colima. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos de Colima, después de un año de investigación, demostró que si hubo dolo en el ataque de los agentes de procuración de justicia del estado, y que se omitió deliberadamente la actuación del procurador de justicia y del  propio gobernador del estado en los hechos.

“Por esta lamentable cadena de hechos ilegales Bios Iguana A.C. y Greenpeace promoverán un amparo indirecto solicitando la suspensión y paralización de las obras, donde las autoridades demandadas serán: el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el gobernador de Colima Jesús Silverio Cabazos Ceballos, el secretario de Desarrollo Urbano de Colima, el titular de la Semarnat y sus colaboradores, así como a los presidentes municipales de Armería y Manzanillo. Del mismo modo promoveremos un juicio político contra el presidente Calderón, por su complicidad y responsabilidad en los delitos de destrucción ambiental” finalizó Salazar.