Calderón: impunidad ambiental al tope

Mañana martes 17 de febrero el presidente Felipe Calderón avalará nuevamente que se viole la ley, al inaugurar el Centro Integralmente Planeado (CIP) en el Estado de Sinaloa, proyecto turístico que no cumple con los requisitos establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al no contar con un estudio de impacto ambiental, denunció Greenpeace.

El nuevo centro, que se pretende construir sobre una duna costera en el poblado de Teacapán, municipio de Escuinapa, carece de: autorización de impacto ambiental, plan de desarrollo, levantamiento batimétrico, estudios geohidrológicos y de hidrodinámica y de dictamen de seguridad jurídica inmobiliaria del predio (1).

Al colocar la primera piedra de este desarrollo turístico, Calderón infringirá la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), que claramente establece que para cualquier construcción de ese tipo es imperativo contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) (2).

“El Centro Integralmente Planeado es una total incongruencia desde su concepción y reafirma la falta de planeación de proyectos de esta magnitud en el sector turístico. Es increíble que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) construya estos desarrollos restando importancia al medio ambiente. ¡Ni siquiera existe un trámite de una MIA! Si el ejecutivo inaugura el CIP estará dando un pésimo ejemplo al sector sobre cómo hacer desarrollos turísticos violando la ley”, dijo Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace México.

El nuevo CIP fue anunciado por Calderón durante la Expo Mexicana de Inversión Inmobiliaria y Turística (EMIIT) en septiembre del año pasado y recientemente se anunció que contará con una inversión de mil 212 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura, pero hasta la fecha carece de instrumentos de planeación y trámites ambientales.

A pesar de lo anterior, Fonatur ya ha anunciado que el CIP contará con una superficie de 2,381 ha, tendrá una capacidad de 44,200 cuartos y estará orientado hacia los segmentos de: salud, náutico-deportivo, naturaleza, sol y playa, cultural-educativo, así como turismo residencial. El proyecto contará con una inversión pública de 4,986 millones de pesos. Según las estimaciones más recientes, para el año 2025 este nuevo centro recibirá a casi 3 millones de turistas (3), sin embargo nada de esto está sustentado ambiental, legal y técnicamente. Además, a la fecha el Estado de Sinaloa carece de un ordenamiento ecológico costero.

Además de que el proyecto carece de MIA y de planeación, tampoco contempla las externalidades que generará: el municipio de Escuinapa no está listo para recibir este desarrollo ya que actualmente en la región hay una gran escasez de vivienda, y sigue aumentando la migración a ese municipio. Sólo hay un inspector de obra y el Plan Municipal de Escuinapa 2008-2010 no cuenta con líneas estratégicas de preservación de medio ambiente, pero sí con mecanismos para hacer cambios de uso de suelo (4).

Uno de los peligros que presenta este proyecto es que colinda con el área de Marismas Nacionales, que cuenta con el sistema de manglar más importante del Pacífico mexicano y que representa el 10 por ciento de los manglares del país. Esta zona está catalogada como un humedal de importancia mundial (sitio Ramsar), como región Prioritaria Terrestre y Marina para la Conservación y como Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En esta región están en riesgo catorce especies de flora nativa, hay 73 especies amenazadas o en peligro de extinción y 99 especies de fauna endémica. Además es una zona donde habitan jaguares y venados (5).

Los Centros Integralmente Planeados, un fracaso documentado
El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señala que Fonatur miente al decir que la meta de la construcción de cinco escalas náuticas en el Golfo de California fue alcanzada en 100 por ciento: “se constató que el dato reportado por el Fonatur es incierto, ya que no existe evidencia documental de que dichas escaleras estuvieran en operación por la empresa Singlar, S.A. de C.V. (empresa filial), como alude el proyecto de inversión mencionado,  incumpliendo con su indicador de desarrollar la autosuficiencia operativa, con el objeto de convertir al proyecto Mar de Cortés en el primer desarrollo turístico regional sustentable del país y hacer del turismo el sector productivo promotor de la conservación de su ecosistema, que ofrezca mejores horizontes de vida para los habitantes de las comunidades y de los pueblos indígenas”(6).

Según la propia Auditoría “la Sectur ha carecido de una planeación estratégica que incluya el diagnóstico y la prospectiva de desarrollo regional. Se observó que la dependencia no cuenta con una programación de los destinos turísticos por diversificar y consolidar, ni con las metas establecidas para este efecto, que le permita focalizar las acciones y recursos que se aplican para el desarrollo turístico regional, por lo que la planeación de la entidad fiscalizada infringió el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación y del PNT 2001-2006”.

La ASF también indicó que “la Sectur no contó con el diagnóstico ni con un Plan Maestro en función de lo establecido en la Ley de Planeación, que le permita identificar los destinos y regiones turísticos del país por apoyar con recursos y acciones, así como de un catálogo de los destinos turísticos por beneficiar, lo que impidió focalizar las acciones de desarrollo turístico en los estados y municipios”.

"Greenpeace exige un turismo que respete al medio ambiente, por ello demandamos a Felipe Calderón y a Miguel Gómez Mont, director de Fonatur, que detengan las obras hasta que cuenten con una MIA y con la autorización necesaria a fin de acatar la legislación ambiental y que tengan una política de un turismo realmente sustentable. Además demandamos a la Procuraduría Federal de Protección de Medio Ambiente (Profepa) que clausure las obras ilegales que ya han comenzado" finalizó Olivera.