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Un ojo enorme observa lo que ocurre en el Senado y demanda una auténtica ley de bioseguridad.
Ver imagenEl doctor Alejandro Nadal, coordinador del programa de ciencia, tecnología y desarrollo de El Colegio de México y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), enfatizó el hecho de que esta iniciativa no contempla mecanismos para fincar responsabilidades en caso de daños, por ello el artículo 121 de la iniciativa debe reformarse para adoptar un régimen de responsabilidad objetiva, suprimiendo las palabras "por el uso o manejo indebido de dichos organismos" (1).
De acuerdo con el catedrático, la actual propuesta de ley sólo establece responsabilidad a quien cause daños haciendo "uso indebido de OGM", lo que implica que si se usan y causan contaminación no habría ilícito, y tampoco habría obligación de reparar los daños, lo cual lejos de crear certidumbre jurídica, sienta las bases para numerosos conflictos sociales pues deja en la indefensión a consumidores y campesinos, además de desproteger el medio ambiente.
"Basta un ejemplo para observar la gravedad de la situación. Supongamos que un productor agrícola usa OGM en sus terrenos. Compró semillas transgénicas de un fabricante con permiso para comercializarlas y liberarlas al medio ambiente. Las usa conforme a las instrucciones del fabricante. Supongamos que tiene un vecino que es productor orgánico certificado y que exporta a Japón. Si hay flujo génico entre los dos cultivos, el productor orgánico perderá su certificación. En ese caso, sufrirá daños económicos cuantificables. Pero no hay responsabilidad del productor que sembró semillas genéticamente modificadas y que contaminó al productor orgánico. Tampoco hay responsabilidad del fabricante de esas semillas. Es decir que hay indefensión para productores convencionales y orgánicos, así como para los consumidores y el medio ambiente", expuso Nadal ante senadores reunidos para discutir el dictamen de la iniciativa de ley.
"El régimen de responsabilidades es lo que permite mantener un equilibrio sano entre el proceso de innovación tecnológica y la protección a la salud y el medio ambiente. Sin un régimen del responsabilidad objetiva no hay incentivos para que empresas y laboratorios adopten medidas para reducir o eliminar los riesgos. La actual propuesta de ley de bioseguridad rompe este equilibrio y lejos de otorgar certidumbre jurídica va a generar grandes problemas. Es decir, no le sirve a la Nación", agregó el científico.
Por su parte, Gustavo Alanís, presidente del Cemda, explicó otros cambios fundamentales que requiere la actual propuesta de ley: es necesario establecer un régimen claro de protección especial para el maíz criollo y mecanismos de participación pública para evitar conflictos sociales. Se deben respetar los derechos de los ciudadanos con un etiquetado claro de transgénicos y sus derivados. Además, se deben reconocer facultades a estados y municipios para que puedan libremente declarar su territorio como zona libre de OGM.
Igualmente, se debe tomar en cuenta el estudio "Maíz y Biodiversidad" de la Comisión de Cooperación Ambiental, el cual recomienda que se fortalezca la moratoria a la siembra de maíz transgénico y que las importaciones de transgénicos se hagan de forma segregada etiquetando de manera clara y precisa las importaciones de material genéticamente modificado.
"Ha causado mucha sorpresa entre las organizaciones ambientalistas la premura con la que se pretende sacar adelante esta minuta. Ante la prisa de los senadores nos preguntamos ¿qué intereses hay detrás de esto? ¿Qué es primero, las transnacionales o los intereses de los mexicanos?", cuestionó Alanís.
Aunque los promotores de la ley Monsanto Francisco Bolívar Zapata y Roberto Ortega Lomelín ya se habían reunido con los senadores y les habían explicado las "bondades" de esta iniciativa en una reunión de comisiones unidas en la que no tenían por qué estar (era una reunión interna de senadores), hoy nuevamente estuvieron presentes en la sesión (invitados por el senador priísta Adrián Alanís Quiñones), pues fue solicitada por Cemda, e intentaron imponer su posición y, de nuevo, apropiarse de la representación de la Academia Mexicana de Ciencias. Otros promotores de la ley Monsanto que estuvieron sin ser convocados fueron: Enrique Tron, de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado; Enrique de la Madrid, de Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo e hijo del expresidente del mismo nombre y Alejandro Ferro, cabildero privado.
"Le pedimos a los legisladores rehusarse a que Monsanto tome decisiones que le corresponden al Senado. Es mentira que esta ley va a dar certidumbre jurídica y generar mecanismos reales de bioseguridad. Esta ley lo que hará es poner en bandeja de plata nuestra agricultura a la transnacional Monsanto, legalizando la contaminación transgénica. Lo que está en juego es la soberanía del país. En manos de los senadores está decidir si protegen los intereses de Monsanto o los de nuestro país", finalizó Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.
Los senadores Verónica Velasco, del PVEM, y Armando Chavarría, del PRD, presidentes de las comisiones de medio ambiente y ciencia y tecnología, respectivamente, se comprometieron a tomar en cuenta estas aportaciones para enriquecer la minuta de ley. Aunque la iniciativa se agendó en este día para ser votada, es probable que esto ocurra el martes 15 de febrero.
1. Con la modificación sugerida el ARTÍCULO 121 debe leerse: Con independencia de lo dispuesto en el Artículo anterior, toda persona que, con pleno conocimiento de que se trata de OGMs, cause daños a terceros en sus bienes o a su salud, (suprimir por el uso o manejo indebido de dichos organismos), será responsable y estará obligada a repararlos en los términos de la legislación civil federal. Igual obligación asumirá la persona que dañe el medio ambiente o la diversidad biológica, (suprimir por el uso o manejo indebido de OGMs), para lo cual será aplicable lo dispuesto en el Artículo 203 de la LGEEPA.