Denuncian ONG a desarrollo ilegal en Sinaloa avalado por Presidencia y Fonatur

Por permitir violaciones a la ley ambiental y avalar la construcción del Centro Integralmente Planeado (CIP) en el Estado de Sinaloa, las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra del desarrollo avalado por el presidente Felipe Calderón y Miguel Ángel Gómez Mont, director de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Las organizaciones señalaron que Calderón y Gómez Mont infringieron la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), al permitir que se inauguren las obras de este desarrollo sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) como lo demanda la legislación vigente (1). El nuevo centro, que se pretende construir sobre una duna costera en el poblado de Teacapán, municipio de Escuinapa, también carece de un plan de desarrollo, levantamiento batimétrico, estudios geohidrológicos y de hidrodinámica y de dictamen de seguridad jurídica inmobiliaria del predio (2).

Este martes, al inaugurar el CIP, el presidente Calderón afirmó: “y que sea este Centro Integral un polo de atracción también por su respeto al medio ambiente” (5). También, el 29 de septiembre de 2008, cuando se anunció este CIP en el marco de la Expo Mexicana de Inversión Inmobiliaria y Turística (EMIIT), Gómez Mont dijo que: “en todos los proyectos que emprenda o avale FONATUR, actuará bajo estricto respeto al medio ambiente” (6). Tanto Presidencia como Fonatur usan discursos mediáticos para comprometerse con el medio ambiente, pero en los hechos demuestran poco interés y la facilidad con la que actúan para promover delitos ambientales y la impunidad.

“Es muy claro que la política del sector turismo está permitiendo la construcción de desarrollos inmobiliarios ilegales sin respeto al medio ambiente. Es lamentable que Jesús Alberto Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa y Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo, den su respado a este tipo de proyectos sin medir las consecuencias negativas que tendrán para esa región del país (4)”, dijo Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace México.

“Solicitamos que se remueva la maquinaria de trabajo, las plantillas de trabajadores y, a su vez, se garantice la legal protección de la clausura de obras hasta que Fonatur legalmente esté facultada a realizar obras o actividades, conforme a la LGEEPA”, dijo Pablo Uribe, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental sede Noroeste.

CIP en Sinaloa, más grande y menos planeado
El CIP en Escuinapa, Sinaloa será del doble de tamaño que el de Cancún (5), ya que contará con una superficie de 2,381 hectáreas, tendrá una capacidad de 44,200 cuartos y estará orientado hacia los segmentos de: salud, náutico-deportivo, naturaleza, sol y playa, cultural-educativo, así como turismo residencial.

La inversión pública para este proyecto será de 4,986 millones de pesos, además de mil 212 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura, pero hasta la fecha carece de instrumentos de planeación y trámites ambientales.

Para el año 2025 este nuevo centro recibirá a casi 3 millones de turistas (7), sin embargo nada de esto está sustentado ambiental, legal y técnicamente.

Pero la fecha, Sinaloa carece de un ordenamiento ecológico costero y el municipio de Escuinapa no está listo para recibir este desarrollo ya que actualmente en la región hay una gran escasez de vivienda, y sigue aumentando la migración a ese municipio. Sólo hay un inspector de obra y el Plan Municipal de Escuinapa 2008-2010 no cuenta con líneas estratégicas de preservación de medio ambiente, pero sí con mecanismos para hacer cambios de uso de suelo (8).

Cemda y Greenpeace exigieron a los gobiernos federal y al de Sinaloa respetar la legislación ambiental vigente; y a la Profepa la clausura inmediata de las obras de este desarrollo ilegal antes de que se produzcan daños irreversibles a los ecosistemas costeros de la región.