Desproporcionada y política, la acusación contra activistas de Greenpeace Japón

En un acto que reafirma la intimidación del Japón contra Greenpeace, dos activistas de la organización ambientalista fueron acusados de robo y allanamiento, un mes y medio después de haber denunciado un grave escándalo relacionado con el contrabando de carne de ballena procedente del programa de caza en el Océano Austral, patrocinado por el Gobierno japonés.

El fiscal de Aomori, acusó hoy a Junichi Sato y a Toru Suzuki de robo y allanamiento después de permanecer detenidos por tres semanas sin que se les fincaran cargos, y a pesar de las protestas internacionales.

Los dos activistas fueron arrestados el 20 de junio pasado, más de un mes después de que una investigación de Greenpeace confirmó la información ofrecida por antiguos trabajadores de la flota ballenera, que reconocieron la existencia de una red de tráfico con carne de ballena procedente del buque factoría Nisshin Maru. La carne era enviada a domicilios particulares de la tripulación para posteriormente venderla para su beneficio personal (1).

“Desde el principio ha sido evidente que el arresto y detención, y ahora la acusación contra nuestros dos activistas obedece a motivos políticos, y que intereses poderosos en el sistema japonés están tratando de silenciar nuestro derecho legítimo a la protesta pacífica y no violenta. Se trataba de algo más que una investigación policial doméstica sobre el supuesto robo de una caja. Sato y Suzuki no habrían sido detenidos si hubieran interceptado cualquier otro tipo de mercancía de contrabando y la hubieran entregado a las autoridades para su investigación” dijo Gerd Leipold, director de Greenpeace Internacional.

Después su arresto, Junichi Sato y Toru Suzuki fueron retenidos durante tres semanas sin cargos, a pesar de haber ofrecido cooperar con las investigaciones de la policía y de haber enviado, por iniciativa propia, declaraciones por escrito sobre su investigación, que revelaban la escala del tráfico de carne de ballena procedente del programa de caza científica de ballenas financiado con dinero de los contribuyentes japoneses.

“Hemos revelado un escándalo que pone todavía más en entredicho el programa de caza de ballenas japonés y que implica el tráfico con valiosas piezas de carne de ballena. Además, hemos destacado la malversación escandalosa del dinero de los contribuyentes japoneses, empleado en el denominado programa de 'caza científica' de ballenas en el Santuario Ballenero Austral. En lugar de perseguir a quienes denuncian estos escándalos, el Gobierno japonés debería retirar los permisos de caza de ballenas en el Océano Austral, liberar a los activistas y ordenar una investigación inmediata e independiente de nuestras denuncias” continuo Leipold.

Casi un cuarto de millón de personas han enviado cartas al Gobierno japonés demandando la liberación de Sato y Suzuki, así como una investigación exhaustiva de este escándalo. Se han llevado a cabo protestas frente a las embajadas de Japón en 35 ciudades en 30 países, incluyendo México. Unas 30 organizaciones ambientales y de derechos humanos han firmado una declaración de protesta o han enviado cartas de apoyo, entre ellas Amnistía Internacional, la Red de Abogados por el Respeto a los Derechos Humanos, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, InArticle19, Transparencia Internacional, Oceana, Ubuntu, y Oxfam.

Será el próximo lunes cuando la fiscalía japonesa determine si los activistas pueden o no salir bajo fianza.