DF, México —
Ante la nueva escalada de violencia e injusticia que se ha desatado contra los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, en Guerrero, organizaciones civiles y gente de la comunidad demandaron la urgente intervención de las autoridades estatales y federales para poner fin a esta ola de violencia y garantizar la integridad física de los pobladores de esta región, a la vez que exigieron que se atienda la causa de este conflicto: la tala ilegal y la impunidad de los caciques talamontes de la región.
Destacaron que la noche del pasado jueves Albertano Peñalosa, defensor
de los bosques de su comunidad y fundador de la Organización de
Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), fue emboscado
por un grupo armado cuando llegaba a su casa acompañado de sus cuatro
hijos, dos de los cuales murieron. Este ataque se suma al injusto
encarcelamiento que desde noviembre de 2004 sufre Felipe Arreaga, líder
de la misma organización, y a una larga lista de acciones represivas
contra la OCESP que incluyen el encarcelamiento de Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera, quienes pasaron más de dos años en la cárcel acusados
falsamente de narcotráfico y de portar armas exclusivas del ejército.
Ante esta escalada de agresiones, Reyna Mojica y Bartolo Peñalosa,
esposa y hermano de Albertano Peñalosa, así como Celsa Baldovinos,
esposa de Felipe Arreaga, acudieron a la Ciudad de México para
demandar, con el respaldo de diversas organizaciones civiles, que las
autoridades del estado de Guerrero y las autoridades federales
competentes brinden las garantías necesarias para salvaguardar la
seguridad e integridad física de los campesinos ecologistas en la
Sierra de Petatlán, así como las condiciones que les permitan continuar
con su labor de defensa y cuidado de los bosques.
Asimismo, las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace, la Red
Nacional de Derechos Civiles "Todos los Derechos para Todos", la Red
Guerrerense de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, SOS Bahía y el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña "Tlachinollan", junto con familiares de los líderes campesinos
ecologistas, exigieron a las autoridades de justicia que investiguen a
fondo el atentado contra la familia Peñalosa, sin descartar líneas
prioritarias como las que apuntan a que la emboscada contra Albertano
fue una represalia por su labor de defensa de los bosques que realiza
desde 1998. Asimismo, exigieron que se ponga fin a esta ola de
violencia e injusticias, toda vez que la impunidad ha permitido el
libre actuar de grupos de poder que, en contubernio con las autoridades
formales, se han enriquecido de la explotación maderera y han
instaurado una estrategia de persecución en contra de los defensores
del medio ambiente.
Las organizaciones y los familiares de los campesinos ecologistas
advirtieron que los hechos recientes confirman que el Estado mexicano
no brinda condiciones de seguridad que permitan a los defensores del
medio ambiente y de derechos humanos realizar su trabajo libres de
hostigamiento y represalias.
Más aún, consideraron preocupante la actitud del gobernador de
Guerrero, Zeferino Torreblanca, quien para responder a las críticas por
la falta de seguridad en la región ha descalificado el trabajo de
organismos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
"Tlachinollan", aduciendo que sólo buscan "salidas fáciles" y culpan de
todo a las autoridades. En respuesta, las organizaciones señalaron que
el gobierno del estado debe asumir su responsabilidad y encontrar e
implementar medidas que resuelvan el problema de fondo.
El ataque contra Albertano Peñalosa no es casual ni es un hecho
aislado. Él fue uno de los iniciadores del movimiento campesino
ambiental de la Sierra de Petatlán. En el año de 1998, junto con Felipe
Arreaga, Rodolfo Montiel y otros líderes más, comenzó su lucha
comprometida en contra de la extracción excesiva e ilegal de la madera
en la región. Albertano participó activamente en el paro de la tala que
efectuó la OCESP y en la denuncia formal que fue presentada ante la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por la tala ilegal.
Estas acciones finalmente derivaron en la cancelación de los 15
permisos de aprovechamiento forestal autorizados para la región. Desde
entonces hasta ahora ha continuado el trabajo por la defensa del medio
ambiente como miembro de la OCESP.
En esa misma defensa trabaja la Organización de Mujeres Ecologistas de
la Sierra de Petlatlán, fundada por Felipe Arreaga y su esposa Celsa
Valdovinos. Arreaga permanece preso por una acusación fabricada por
Bernardino Bautista Valle, cacique maderero local, y elementos de la
Procuraduría del estado. Claramente se advierte que se trata de una
venganza en contra de las personas que organizaron el movimiento
ambientalista.
Las organizaciones reiteraron que el riesgo en que viven los campesinos
ecologistas de Petatalán se debe a la nula atención que han prestado a
la problemática regional las autoridades estatales y federales.
Asimismo, establecieron que resulta vergonzoso que los defensores del
medio ambiente sean perseguidos y su lucha sea criminalizada en tanto
aquellos que atentan en contra del medio ambiente permanezcan en la
impunidad.