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Exigen ONG a legisladores rechazar presiones de Estados Unidos y exigir que se haga público el informe sobre maíz de CCA
Esta investigación fue hecha a petición de las comunidades afectadas por la contaminación transgénica de maíces criollos y las organizaciones antes citadas y ha sido la investigación más cara, participativa y polémica en los diez años de vida de la CCA. Los peticionarios decidieron acudir a la CCA debido a que el gobierno mexicano no tomaba, ni ha tomado, ninguna medida para revertir esta contaminación ni para detener su fuente: las importaciones de maíz transgénico procedentes de Estados Unidos.
"Este es el primer esfuerzo de investigación trilateral sobre este tema, fue realizado por un grupo de expertos -la mayoría de ellos independientes (2)- encabezados por el doctor José Sarukhán, fue pagado con recursos públicos provenientes de nuestros impuestos y se refiere al maíz, el cultivo más importante para México y base de nuestra alimentación. Es decir, es un tema de interés público que ningún gobierno tiene el derecho de vetar, por lo que la CCA no puede retrasar más la publicación de este informe, que está listo y debía haberse hecho público desde junio pasado", afirmó Liza Covantes, coordinadora de la campaña de ingeniería genética de Greenpeace México.
Los capítulos del informe reconocen la contaminación transgénica del maíz mexicano y señalan que la misma se propagará si se deja sin supervisión. Igualmente, reconocen que falta información y estudios, particularmente sobre impactos a la salud y posibles efectos en el medio ambiente. De éstos resultados, se desprenden recomendaciones fundamentales como suspender las importaciones de maíz transgénico, reforzar la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México, educar a los campesinos para que no usen semillas contaminadas y etiquetar los productos transgénicos para consumo humano.
"Las autoridades tienen la obligación de dar a conocer esta información a la ciudadanía y acatar las recomendaciones de los expertos para proteger el maíz mexicano", afirmó Areli Carreón, coordinadora de la campaña de consumidores de Greenpeace México.
"Los constantes retrasos injustificados para dar a conocer esta información ponen en evidencia a los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, quienes según versiones de prensa, buscan modificar las recomendaciones o descalificar el proceso con el que fueron elaboradas para proteger sus intereses comerciales. El gobierno mexicano, lejos de proteger los intereses nacionales, está cediendo a las presiones de estos gobiernos extranjeros", dijo Covantes.
"Ya que los secretarios de Medio Ambiente y de Agricultura no tienen interés en defender el maíz, como lo han demostrado en diversas ocasiones, llamamos a los legisladores a tomar la responsabilidad y exigir, al lado de todos los mexicanos, que este informe se haga público a la brevedad, pues es indispensable para desempeñar su quehacer de crear un marco legal que proteja la riqueza biológica de México", aseveró Isabel Bustillos, de la UGAM.
"En estas semanas el Congreso de la Unión está elaborando el dictamen de Ley de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modificados, y para hacer un dictamen riguroso, de interés público, responsable y cientìficamente fundamentado, es indispensable que los legisladores conozca este informe y las recomendaciones de la CCA", añadió Covantes.
"Los nueve diputados encargados de elaborar el dictamen sobre la Ley de Bioseguridad deben solicitar a la CCA que haga público el estudio "Maíz y Biodiversidad" por dos motivos: primero, dicho estudio contendrá diversas recomendaciones que la Cámara de Diputados deberán observar para modificar y adecuar el marco jurídico actualmente vigente, y segundo, el estudio elaborado por dicha comisión contiene información científica que debe servir como fundamento para la Ley de Bioseguridad. Por lo tanto, sería irresponsable que la Cámara de Diputados se precipite y dictamine la ley de bioseguridad sin conocer el texto oficial del estudio Maíz y Biodiversidad elaborado por la CCA", afirmó Pablo Uribe, coordinador de litigios del Cemda.
El informe con las recomendaciones estaba listo desde el 7 de junio y fue entregado a los ministros de medio ambiente de los tres países desde el 23 de julio. Desde entonces los ministros de Medio Ambiente han retrasado injustificadamente la publicación del informe y de las recomendaciones.
Notas al editor
1. De acuerdo con la carta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) mencionada en la nota del diario La Jornada publicada en la página 8, este organismo cuestiona el proceso de elaboración del informe y las recomendaciones emanadas del mismo. Estos cuestionamientos se deben a que las conclusiones del informe afectan los intereses de las corporaciones agrobiotecnológicas, a las que tan bien defiende el gobierno de Estados Unidos.
2. Aunque por definición este grupo de expertos debe ser independiente, algunos de sus miembros tienen graves conflictos de interés, entre ellos: Andrew Baum, presidente y director de SemByoSys Genetics Inc., empresa canadiense de biotecnología y antes trabajaba para Monsanto; José Luis Solleiro, director técnico de AgroBio, organización que agrupa a Dow AgroScience, Dupont, Monsanto y Sygenta; Luis Herrera Estrella, quien tiene por lo menos cinco patentes de invenciones biotecnológicas y ha estado en los comités consultivos de Pulsar, Paradigm Genetics y dirigió el Cinvestav cuando instituto firmó su primer acuerdo de investigación con Monsanto; Peter Raven, director del Jardín Botánico de Missouri, el cual recibe enorme sumas de recursos de Monsanto. Pese a esta fuerte presencia de los intereses corporativos, la investigación de la CCA reconoce la contaminación genética del maíz mexicano.
