Las autoridades de salud han decidido que los ciudadanos mexicanos no tenemos derecho a conocer ni verificar las supuestas evaluaciones con las que permiten que haya transgénicos en nuestra comida, y que tampoco tenemos derecho a saber mediante un etiquetado qué productos contienen transgénicos, informó la organización ambientalista Greenpeace.

La Secretaría de Salud (Ssa), por vía de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) señaló que "Toda la información que los desarrolladores aportan a la Cofepris para que se pueda llevar a cabo la evaluación de inocuidad, tiene carácter de confidencial, por lo que no es posible someterla al escrutinio público", en respuesta escrita del 14 de septiembre a los cuestionamientos hechos por la organización Greenpeace.

Así, los responsables de velar por la salud de los mexicanos han decidido que no tengamos información sobre los 25 transgénicos de canola, soya, algodón, maíz, jitomate y papa que forman parte de nuestra dieta, porque ello afecta los intereses de las empresas agrobiotecnológicas Monsanto, Híbridos Pionner de México, Dow AgroSciences, Zeneca Plant Science, Calgene, DNA Plant Technology, AgrEvo mexicana y Aventis CropScience, desarrolladoras de dichas variedades genéticamente modificadas (OGM).

Al respecto, cabe decir que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) [1] establece que por regla general la información será pública y la confidencialidad se establecerá como la excepción, y que en caso de clasificarse como tal requerirá fundarse y motivarse. Especifica que sólo pueden clasificarse como confidenciales los secretos industriales [2], es decir, esto no incluye las decisiones gubernamentales ni las evaluaciones hechas por la autoridad.

"En términos de justicia, la autoridad de salud no debe proteger el derecho al secreto industrial frente al derecho ciudadano a saber y frente al interés público. No es posible que no tengamos derecho a saber qué hay en nuestros alimentos porque eso es lo que conviene a las empresas", afirmó María Colín, asesora legal de la campaña de ingeniería genética de Greenpeace.

El artículo 21 párrafo 6 del Protocolo de Cartagena, convenio internacional que regula lo relativo al manejo transfronterizo de OGM, establece que no se considerará confidencial la información siguiente: "... c) Un resumen de la evaluación del riesgo de los efectos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana; y d) Los métodos y planes de respuesta en caso de emergencia". Los funcionarios de la Coferpris deben hacer prevalecer estos criterios.

"Si insisten en ocultar esta información, significa que para nuestras autoridades sanitarias es más importante proteger el interés privado y comercial de unas cuantas empresas, que garantizarle al público consumidor la inocuidad de sus alimentos", dijo Areli Carreón, coordinadora de la campaña de consumidores de Greenpeace. "Mientras esta información permanezca inaccesible al público e inverificable por pares científicos (es decir, científicos independientes), la Ssa no puede afirmar que está cumpliendo con su obligación de garantizar la prevención de riesgos y de proteger la salud pública."

La Cofepris acepta que NO realiza investigación propia sobre los efectos de los transgénicos en la población mexicana sino que: "compara esta información (...) usando los datos sobre los patrones locales conocidos de uso y consumo de un alimento y sus derivados para calcular la ingesta probable" . "La Cofepris cuenta con una base de datos de todas las proteínas transgénicas que evaluó hasta la actualidad y anualmente se realiza una verificación de su inocuidad al introducirlas a dos bases de datos ... (3)".

La Cofepris se contradice en diversos documentos y no ha podido establecer si otorga "autorizaciones", "notificaciones", "no inconvenientes de comercialización" u "aprobaciones", ni aclara la legalidad de dichos documentos que ha otorgado para que 8 empresas comercialicen en México 25 transgénicos. En tales papeles se lee: "(La empresa) tiene la responsabilidad de asegurar la inocuidad del producto y cumplir con la legislación aplicable a la materia", lo que significa que la autoridad sanitaria traslada sus atribuciones a la empresa y como en México no hay legislación que especifique la responsabilidad de estas empresas ante los ciudadanos, el ambiente o la biodiversidad, en los hechos les firma un cheque en blanco para vender sus productos.

Greenpeace ha procedido legalmente contra la Secretaría de Salud con un recurso de revisión (folio 0001200041104) que se presentó ante el IFAI por recibir información incompleta, contradictoria y por evadir responder.

"Sin información completa, verificable y pública y sin claridad sobre la legalidad de las autorizaciones para comercialización de transgénicos, no es posible afirmar responsablemente y demostrar con certeza que los transgénicos son inocuos para el consumo humano y que se está garantizando la salud pública", dijo Carreón.

Hoy, cuando el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, se reunirá con legisladores, y no ha dado cabal respuesta a las inquietudes y preocupaciones de la sociedad sobre la presencia de transgénicos en sus alimentos conviene nuevamente cuestionarlo frente a esta situación, pues es prioritario que responda con claridad y de frente a la sociedad.

Etiquetado de transgénicos ¡YA!

Ya que la Secretaría de Salud se niega a etiquetar los OGM, Greenpeace busca que la ley de bioseguridad en la que los diputados trabajan actualmente contemple este mecanismo de protección para los consumidores. Este día, estamos lanzando un ciberactivismo (www.greenpeace.org/mexico/demando_etiquetado) para que las personas le informemos a los legisladores, nuestros representantes, que este tema nos preocupa, que demandamos el etiquetado obligatorio de los transgénicos contenidos en los alimentos, pues tenemos derecho a saber y a elegir qué alimentos consumimos.