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Activistas de Greenpeace hacen un llamado a los diputados para que 
elaboren una verdadera ley de bioseguridad.

Activistas de Greenpeace hacen un llamado a los legisladores para que elaboren una verdadera ley de bioseguridad.

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DF, México — Tratando de imponer un tiempo récord y violando de la manera más burda los procedimientos para la elaboración de leyes, promotores de transgénicos al servicio de las corporaciones buscan que el Senado vote y apruebe a la brevedad el dictamen de la iniciativa de ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados (ILBOGM), conocida también como ley Monsanto.

En una reunión convocada por la Comisión de Ciencia y Tecnología el pasado 3 de febrero "para intercambiar opiniones" sobre la minuta de la ILBOGM, y a la que apenas asistieron 10 senadores, los promotores de esta iniciativa Francisco Bolívar Zapata, y Roberto Ortega Lomelín, junto con el senador priista Adrián Alanís Quiñones, sorprendieron a los senadores asistentes al poner a aprobación y firma un dictamen con el fin de que sea votado en el pleno el martes 8 de febrero, denunció la organización ambientalista Greenpeace.

"Al igual que en la Cámara de Diputados, algunos senadores están ansiosos por servir a los intereses de las empresas. Esto fue particularmente notorio en los casos del senador Alanís Quiñones, priista e integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, no entendemos qué hacían Bolívar Zapata, principal promotor de esta ley, y Ortega Lomelín, autor de la misma, en una reunión de legisladores citada para discutir el tema", aseveró Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.

Entre las irregularidades que se cometieron en este proceso se encuentran:
- Las comisiones responsables de elaborar el dictamen (Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Estudios Legislativos Segunda), no se han reunido formalmente para estudiar el documento enviado por la Cámara de Diputados, por lo que no es posible que en esta reunión, citada para intercambiar opiniones, hubiera un dictamen elaborado.
- Por lo anterior, el dictamen presentado no fue discutido ni elaborado por las comisiones dictaminadoras, de lo que se deduce que fue elaborado por Bolívar Zapata y Ortega Lomelín.
- La presencia de Bolívar Zapata y Ortega Lomelín, sorprendió a los senadores que asistieron a la reunión, pues no se les informó de la presencia de estos "asesores" y tampoco se contó con otros invitados que pudieran dar otro punto de vista, por ejemplo los científicos independientes no vinculados a las empresas. Sobre estos invitados, cabe decir que si bien Bolívar Zapata y Ortega Lomelín continúan apropiándose del nombre de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) para promover la ley Monsanto, numerosos científicos y académicos, entre ellos 7 miembros de la AMC, se han manifestado en contra de la misma, debido a sus graves deficiencias (1). De hecho, el propio presidente de la AMC, Octavio Paredes, se deslindó de la LBOGM en diciembre pasado.
- La reunión se basó en una presentación en "power point", es decir, los senadores ni siquiera recibieron una versión escrita del documento. De hecho, hasta este momento los senadores no cuentan con copia del documento sobre el que trabajaron.
- No hubo quórum en la reunión, por lo que no es posible proceder a aprobar el dictamen. Por ejemplo, de la Comisión de medio ambiente, integrada por 15 miembros, sólo había tres asistentes.
- Hay desacuerdos profundos de contenido entre los senadores, incluso los que estuvieron presentes en la reunión. Los temas polémicos fueron: etiquetado, ley de fomento a la biotecnología y no a la bioseguridad, el debilitamiento del Protocolo de Cartagena en lo relativo al Acuerdo Fundamentado Previo y la ilimitada liberación de OGM al ambiente.

Los senadores que estuvieron en la reunión son: Federico Ling Altamirano (PAN), presidente de la Comisión de estudios legislativos segunda; Verónica Velasco (PVEM), presidenta de la Comisión de medio ambiente; Adrián Alanís Quiñónez (PRI de Durango) secretario de la Comisión de ciencia y tecnología; Manuel Bartlet Díaz (PRI); Jorge López Sánchez (PRI), comisión de medio ambiente; Rubén Zarazúa Rocha (PRI), de ciencia y tecnología ; Adalberto Castro Castro (PRI, Sinaloa), de medio ambiente y de agricultura; Víctor Manuel Méndez Lanz (PRI), de la Comisión de medio ambiente ; Filomena Margaiz Ramírez (PAN) de la Comisión de estudios legislativos segunda y María Esther Ferrer Rodríguez (PAN), suplente. Únicamente, Verónica Velasco se opuso abiertamente al intento de albazo que se consumó en esta reunión.

"Definitivamente esta ley no se puede aprobar con tantas irregularidades en el proceso parlamentario. Los cabilderos de la industria no se pueden apropiar del proceso legislativo. El Senado no debe aprobar esta ley sin considerar el informe de la CCA sobre los impactos de los transgénicos en el maíz. Los senadores están obligados a revisar e incorporar las recomendaciones de este informe a la iniciativa. Si bien cuando la elaboraron aún no se conocía, hoy lo tenemos y es la investigación más rigurosa e importante hecha en el mundo sobre el impacto de los transgénicos y, de manera específica, sobre el maíz en México. El actuar de las corporaciones y en específico de Monsanto, para que se aprueben leyes a favor de los transgénicos fue evidenciada con el reciente escándalo que suscitó el soborno de esa corporación a ministros de medio ambiente y de agricultura y a 140 funcionarios en Indonesia para que aprobaran la liberación de transgénicos. Queda a nuestra imaginación lo que Monsanto puede estar haciendo en México para que aprueben su ley", dijo Calvillo.

Estos son algunos de los defectos más graves de la ley Monsanto:
- propiciará la liberación indiscriminada de transgénicos al ambiente sin mecanismos de monitoreo, de vigilancia, ni de responsabilidades para las empresas liberadoras en caso de daños;
- no establece adecuados sistemas de protección e indemnización para campesinos afectados por contaminación o flujo genético;
- no establece el etiquetado claro de alimentos derivados de OGM;
- deposita sobre la ciudadanía la carga de la prueba, es decir, le pide a los posibles afectados que acompañen sus opiniones con evidencia científica y técnica;
- impide que las entidades federativas participen en la toma de decisiones, desde el proceso de autorización o permisos y no sólo en el monitoreo y la vigilancia;
- boicotea el Protocolo de Cartagena, en particular el Acuerdo Fundamentado Previo;
- no prevé mecanismos para dotar a las autoridades de capacidad en recursos humanos y materiales para llevar a cabo procesos de monitoreo, detección y vigilancia efectivos de OGM, entre otros.

"Llamamos a los senadores a legislar con responsabilidad. Nuevamente, pedimos que revisen a fondo las implicaciones de esta ley y que la modifiquen para que sirva efectivamente al país y proteja efectivamente a campesinos, consumidores así como la riqueza biológica de México", señaló María Colín, asesora legal de Greenpeace México.

Nota 1: Desplegado de científicos publicado en el diario La Jornada el 8 de diciembre de 2004.

Información con Cecilia Navarro en los teléfonos 5530-2165 ext. 220 y 04455 5172 9869 o en www.greenpeace.org.mx.

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