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El Parque Nacional Tulum fue decretado el 23 de abril de 1981 en una zona costera que abarca 664 hectáreas, en tanto que el decreto que lo declara como zona de Monumento Arqueológico es del 8 de diciembre de 1993. Con estos dos decretos la zona de Tulum se considera un parque ecoarqueológico.
Con la modificación del Plan de Desarrollo Urbano impulsada por el gobierno municipal, se permitirá que la industria turística construya hasta 15 habitaciones de hotel por hectárea de selva, humedales y dunas costeras, lo que pondrá en grave riesgo los vestigios arqueológicos de Tulum y afectará de manera significativa el paisaje natural que ofrece este Parque a cientos de miles de turistas que visitan dicha zona arqueológica. Desde luego, no se especifican las dimensiones ni la capacidad de dichas habitaciones ni se explica qué servicios adicionales e infraestructura se requerirán alrededor de esas habitaciones.
"Este proyecto no sólo es violatorio de los dos decretos de orden federal mencionados, sino que también infringe el Decreto del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región denominada Corredor Cancún - Tulum que señala para esa zona una Unidad de Protección que prohíbe la construcción de cuartos hoteleros (1). ¿A qué intereses pretende servir el gobierno municipal? ¿Por qué las autoridades federales no se oponen a esta aberración jurídica y ambiental?", cuestionó Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.
De aprobarse esta modificación, será la segunda ocasión en que autoridades municipales de la zona, en complicidad con las federales, alteren leyes y rebajen estándares ambientales, en vez de buscar que los proyectos que se pretendan desarrollar en la zona cumplan la legislación (2).
La propuesta será sometida al cabildo municipal durante la próxima semana para su aprobación. La urgencia de esta aprobación al vapor radica en que el periodo trienal del gobierno finaliza los primeros días de abril de este año y quieren dejarlo listo antes
En esta iniciativa están involucrados el presidente municipal Gabriel Mendicuti Loría y el director de administración Urbana del municipio, William Conrado Alarcón. Detrás de ellos como principal operador y beneficiario está el doctor. César Portilla, presunto propietario de los terrenos ubicados al interior de la zona arqueológica y Parque Nacional, y quien se dice que está impulsando fuertemente este proyecto de modificación.
"No sólo estamos hablando de que con este proyecto se infringirán leyes, se causará una severa descompensación en los frágiles ecosistemas de la zona y se afectará el patrimonio cultural e histórico de nuestra nación. También estamos hablando de que se trata de una región en la que no sólo las autoridades ajustan las leyes a las necesidades de las industrias, sino que estas mienten sobre las dimensiones y los impactos que tendrán sus proyectos. Exigimos a las autoridades municipales detener este ilegal proceso de modificación de la normatividad local y a las autoridades federales ambientales acatar su mandato de proteger el medio ambiente y evitar que estos desarrollos se den en este parque nacional", finalizó Calvillo.
Notas
1. Decreto del 16 de noviembre del 2001, publicado por el gobierno del estado de Quintana Roo.
2. Otro caso de este tipo es el proyecto Costa Cancún fase 3 (rechazado por su inviabilidad ambiental el 29 de marzo del 2000), en el que las autoridades municipales de Benito Juárez elaboraron a través del Cabildo un "Plan Parcial de Desarrollo Urbano" que establecía el cambio de uso de suelo a uso de suelo urbano, contraviniendo con ello el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún Tulum (POET), que es de orden federal. En esta ocasión se trata de autoridades municipales de Solidaridad.
Información con Cecilia Navarro en el teléfono 04455 5172 9869 o en www.greenpeace.org.mx.