Posición de Greenpeace frente a la respuesta del Gobierno de San Juan sobre la campaña para salvar la Reserva San Guillermo

Página - 27 marzo, 2013
En relación a la respuesta brindada por el Gobierno de San Juan ante nuestro reclamo, queremos acercar más información sobre el tema. Para Greenpeace el desarrollo minero a cielo abierto no es un desarrollo sustentable, como afirma el Gobernador.

Desde hace algunos años, una de las acepciones más aceptadas de desarrollo sustentable es aquella que surgió del Departamento de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, que lo define como el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Consecuentemente, el uso sustentable de un recurso implica su explotación por las generaciones presentes sin comprometer el uso de este mismo recurso para generaciones futuras.

Aquellos que se especializan en ecología, toman otras acepciones de "desarrollo sustentable". Por ejemplo, la Sociedad Ecológica Americana, que nuclea a científicos de todo el mundo especializados en temas de ecología, concibe al desarrollo sustentable como prácticas de uso y manejo de los recursos que no degraden el sistema explotado ni los sistemas adyacentes. 

La actividad minera no sólo no es sustentable por definición, ya que implica el agotamiento total del recurso explotado, sino que además, el impacto en el entorno que genera la extracción de minerales a cielo abierto, degrada y pone en peligro tanto la zona del proyecto como regiones ubicadas más allá de sus fronteras.

Un potencial accidente en el dique de colas de Pascua Lama, por su ubicación y tamaño, puede afectar las cabeceras de los principales ríos de la región, que se encuentran dentro de la Reserva San Guillermo, algunos de ellos, conectados a sistemas hídricos que llevan agua a otras provincias.

En la respuesta del Gobierno de San Juan a nuestro reclamo, se cita un informe realizado por la Universidad Católica de Cuyo, sobre la Reserva de San Guillermo.  Dicho informe, fue duramente criticado por distintas organizaciones y expertos en el tema, por lo tanto carece de la legitimidad necesaria.

En un documento de La Wildlife Conservation Society, remitido a la Administración de Parques Nacionales  en el año 2010, se señaló que:

“El documento elaborado por el Instituto de Desarrollo Sostenible de la Universidad  Católica de Cuyo como propuesta de plan de manejo de la Reserva de Biosfera San  Guillermo adolece de numerosas falencias, tanto en  lo que se refiere a una necesaria planificación estratégica para un documento de este tipo como en el aspecto técnico  específico. En primer lugar el documento carece de una visión coherente, que requiere  la definición de un estado deseado del sistema a manejar. En el caso de la misión y el  objetivo general del plan, se plantea una meta excesivamente puntual, como es la de  alcanzar un equilibrio entre “los ámbitos productivos (en especial el desarrollo de la  actividad minera), y conservacionistas”. La metodología de elaboración de esta propuesta, contrariamente a lo expresado por los autores, fue poco participativa ya que sólo se realizaron nueve entrevistas, según lo indicado en el mismo documento, cuatro de ellas a entidades del gobierno provincial y del sector minero y cinco entrevistas a particulares. Más allá de estas consideraciones centrales, el documento es de un muy bajo nivel técnico en los aspectos de planificación, definición de metas, análisis, priorización de amenazas y monitoreo. El documento también representa una oportunidad desperdiciada, ya que ignora casi por completo, y por lo tanto no ofrece un paso superador o integrador del extenso análisis y la información brindada en el plan de manejo elaborado anteriormente a través del Comité de Gestión de la reserva por la Sub-Secretaría de Medio Ambiente de San Juan, la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Ambientalista Sanjuanina.”

Por su parte, Emiliano Donadio, del Programa de Ecología y Departamento de Zoología & Fisiología de la Universidad de Wyoming, Estados Unidos, en marzo de 2009 declaró:

“En general, el plan presentado por el IDS (Instituto de Desarrollo Sostenible, Universidad Católica de Cuyo) evita la definición de conceptos clave (desarrollo sustentable, recurso no renovable), presenta información que favorece a las compañías mineras, es técnicamente pobre, inexacto e incurre en frecuentes contradicciones. Asimismo, los autores evitan sistemáticamente aquella bibliografía que reporta los impactos negativos de la minería, en particular la minería del oro, sobre la conservación de la biodiversidad.

Puede concluirse que el trabajo es una abierta defensa de los intereses mineros, en concordancia con los intereses del sector político gobernante y en detrimento del patrimonio natural del pueblo de la nación Argentina.”

En relación a la aplicación de la Ley de Glaciares en San Juan,  te contamos que es la provincia que más glaciares y ambiente periglacial  puede afectar, y en algunos casos ya afectó, la actividad minera. El gobierno provincial hizo todo lo posible para impedir la plena aplicación de la Ley de Glaciares, amparado bajo el poder de las grandes mineras.

Si bien la ley de Glaciares se aprobó en septiembre de 2010, recién a partir de julio de 2012, y luego de que la Corte Suprema de Justicia no diera lugar a los reclamos de las mineras, pudo comenzar a aplicarse, en forma parcial, en el territorio provincial.

La ley de presupuestos mínimos para la Protección de glaciares y ambiente periglacial debe ser respetada sobre legislaciones provinciales, siempre que estas últimas no otorguen como mínimo lo que la ley nacional establece.

Por otro lado, distintas organizaciones denunciaron como “vergonzosa” la auditoria recientemente publicada que realizó el gobierno provincial en la zona de Lama Veladero. No sólo porque la persona responsable de realizarla es un ex consultor de la Barrick Gold, sino porque no aclara en qué conceptos y con qué metodología se basó su realización. Más allá de eso, el estudio admite, auto incriminando a la empresa Barrick Gold, que para la realización de Pascua Lama, serán impactadas alrededor de 300.000 hectáreas de permafrost, en una clara violación a la Ley de Glaciares.

Finalmente, consideramos que apoyar la actividad minera porque genera puestos de trabajo es ficticio. Al inicio de la operación de una mina, la actividad económica local puede crecer notablemente, pero esto no es mantenido en el largo plazo. Hay nuevas vías y nuevas viviendas construidas para los mineros; también se establecen pequeños negocios para atender la mina y sus trabajadores. Pero esto se termina en cuanto la empresa comienza a operar, ya que las compañías ocupan a personal calificado para las tareas de mantenimiento y gran parte de la mano de obra local es desplazada por tecnología.

La mayor parte de los puestos de trabajo serán tercerizados para quitarle responsabilidad a la empresa. Además, los puestos de trabajos directos o indirectos desaparecerán en el momento en que se retire la empresa y los desocupados pasarán a ser responsabilidad del Gobierno y la sociedad.

En su Web, la Secretaría de Minería de la Nación (1) promociona 517.000 puestos de trabajo en 2011 y 450.000 en 2010 (incluyendo todos los tipos de explotación, además de la minería metalífera). Sin embargo el INDEC (2) en su encuesta Nacional Minera de 2010 censó a 23.374 trabajadores ocupados (incluyendo asalariados, no asalariados, contratados y temporarios) de todo el país. Finalmente el Gobierno de San Juan nos dice que la minería emplea en su provincia a 90.000 trabajadores, lo que genera una clara contradicción con los datos publicados por el INDEC. Es evidente que la actividad minera no se realiza para fortalecer una región, sino para enriquecer a una empresa.


Notas:
(1) Para más información www.ambiente.gov.ar/

(2) Para más información www.indec.gov.ar/