Noticia - 5 noviembre, 2012
Buenos Aires, 05 de noviembre de 2012. Greenpeace, FARN y la Asociación
Argentina de Abogados Ambientalistas alertaron sobre la falta de
transparencia y garantías en el proceso que se lleva adelante de acuerdo a la
Ley de Glaciares para realizar el inventario de glaciares en zonas afectadas
por proyectos mineros.
Los ambientalistas consideran necesario incorporar mecanismos de transparencia y participación al relevamiento que está realizando el Poder Ejecutivo de la Provincia de San Juan, teniendo en cuenta que el gobierno de dicha provincia negó sistemáticamente la presencia y afectación de glaciares en las zonas mineras, y es quien autorizó los proyectos metalíferos a cielo abierto que se desarrollan en ambiente periglacial.
“En San Juan, quieren mandar al lobo a contar las ovejas; el gobierno está realizando la auditoría que marca la ley, pero sin ningún tipo departicipación que brinde seriedad y garantice transparencia al proceso” expresó Gonzalo Strano, coordinador de la Campaña de Glaciares de Greenpeace.
Por su parte, María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de FARN, afirmó que “La confección del inventario y las auditorias de los proyectos que están afectando las áreas glaciares y periglaciares conforman el corazón de la ley de glaciares. Si no se concretan adecuadamente en términos de transparencia y control corre peligro la protección de estos ecosistemas frágiles”.
Las organizaciones destacan la importancia de que todo el proceso de auditorías y elaboración del inventario de glaciares sea realizado en forma absolutamente confiable, para poder proteger hoy, y a futuro, los recursos hídricos de la cordillera.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas afirmó: “Preocupa el constante ataque a la Ley de Glaciares por parte de la provincia de San Juan, exigimos que la Ley se aplique plenamente -y sin condicionamiento alguno- sobre los emprendimientos en ejecución en dicha provincia”
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N°26.639) estipula, en su artículo 15, que las empresas ubicadas en zona glaciar y periglacial deben someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales actuales y potenciales generados por su actividad.
Asimismo, en el caso de verificarse un impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, según la citada ley, las autoridades podrán ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan. Por ello resulta imprescindible que las auditorias sean efectuadas de un modo transparente y objetivo en pos de la preservación de estos recursos hídricos con valor estratégico fundamental.
