Ante las amenazas del empresario Braun Peña, Greenpeace responde: “No nos van a callar”

Noticia - 17 enero, 2018

Buenos Aires, 17 de enero de 2018. Mientras Greenpeace denuncia la deforestación y destrucción del bosque protegido en la finca Cuchuy, provincia de Salta, por el empresario Alejandro Braun Peña, éste amenazó a la organización con acciones legales pretendiendo acallar su reclamo.

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El empresario Alejandro Braun Peña amenazó a la organización con acciones legales pretendiendo acallar su reclamo.

Según una carta documento (1) dirigida a la organización ecologista por parte el empresario, quién es primo del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, “Exhorta a Greenpeace a que en el plazo único y perentorio de 48 horas de recibida la presente rectifiquen dichas mendaces publicaciones, bajo apercibimiento de promover de inmediato las acciones judiciales.”

En respuesta (2), Greenpeace rechazó la carta documento por ser sus argumentos falsos e improcedentes y ratificó la información relativa a la deforestación ilegal que se está realizando en la finca Cuchuy. Asimismo señaló que “En el marco de la campaña de bosques, que lleva más de 20 años en el país, Greenpeace denuncia la deforestación y destrucción de los bosques nativos realizada de manera ilegal que incumplen los preceptos de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos Nro. 26.331, y otras leyes nacionales y provinciales.”

Hernán Giardini, Coordinador de la campaña de Bosques afirmó “En lugar de detener las topadoras que están destruyendo los bosques, Braun Peña nos amenaza con acciones legales. No nos vamos a callar. Seguiremos denunciando y exponiendo a todos los que atentan contra la vida y el bosque.”

El caso trata sobre un desmonte de bosques protegidos por la Ley Nacional de Bosques que autorizó deforestar casi 9 mil hectáreas en forma ilegal por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, a pedido del dueño de la finca. Las topadoras llevan arrasadas cerca de 5.000 hectáreas de bosques.

Greenpeace ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a desmontar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años.

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