Noticia - 19 septiembre, 2018
Greenpeace manifiesta su preocupación ante la represión y detención de militantes del Movimiento de Trabajadores Exluídos (MTE) y vendedores callejeros, y reclama que se garantice el derecho a la protesta.
La libertad de expresión aplica tanto a ideas percibidas como favorables por las mayorías o por cualquier gobierno, como a aquéllas que resulten contrarias a las políticas del Estado. Entendemos que esta libertad carecería de sentido si manifestarse, peticionar o expresarse contrariamente a la opinión de quienes ejercen los cargos gubernamentales, implicara riesgo alguno para la libertad personal.
Las manifestaciones públicas permiten elevar el nivel y la calidad de la información, debate e involucramiento social en temas de interés general. Como consecuencia, nuestra democracia resulta fortalecida cuando existe una voluntad permanente de sostener los valores de la libertad de expresión, de discusión, de participación y de protesta, en tanto dicho sistema de valores forma parte constitutiva e insoslayable de esa forma de organización social. Las manifestaciones públicas son los recursos con los que contamos los distintos actores y grupos de la sociedad (trabajadores, mujeres, agrupaciones sociales, comunidades indígenas, etc.) para visibilizar los reclamos e interpelar a las autoridades. Cuando la libertad se amenaza, se judicializa, se deslegitima, la calidad de la democracia se degrada en su práctica cotidiana.
La libertad de expresión y el derecho de protesta son valores firmemente arraigados en la tradición de la protesta como motor de cambio positivo en la historia de la humanidad. Basta que recordemos los movimientos de protesta pública, pacífica y multitudinaria por los derechos civiles, por el sufragio universal, por la abolición de la esclavitud, por los derechos de las mujeres, sin los cuales no contaríamos hoy con varios de los fundamentales derechos que componen nuestras libertades civiles y políticas.