Noticia - 22 marzo, 2014
Chile, 22 de marzo de 2014.- Gracias a la presión de movimientos sociales en todo el territorio chileno, el pasado lunes 17 de marzo, el gobierno de Chile, presidido por Michelle Bachelet, detuvo el proceso legislativo del Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Obtentores Vegetales, también conocido como “Ley Monsanto”.
Greenpeace exige que los productores agrícolas, los recursos naturales y los alimentos sean protegidos.
El proyecto de Ley busca implementar en Chile el Acta 91 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), que profundizaría los impactos negativos de la agricultura industrial y aumentaría el control corporativo sobre los alimentos. En Argentina, el sector agrícola industrial ya inició las negociaciones para lanzar un proyecto de ley que otorgaría a quienes registran semillas genéticamente modificadas derechos tan abusivos como el acta UPOV-91 (1).
“El avance de las compañías multinacionales sobre la agricultura es alarmante. Buscan adaptar las legislaciones nacionales para controlar los mercados. A pesar de los cuestionamientos y la oposición de movimientos y organizaciones sociales, esta línea de acción avanza por toda América Latina”, declaró Franco Segesso, integrante de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace Andino.
Este tipo de leyes conforman el marco legal que respalda la producción de cultivos genéticamente modificados (GM), un desarrollo biotecnológico que esclaviza a los productores, perjudica la economía local, la biodiversidad, la soberanía alimentaria y no asegura la buena salud de quienes ingieren estos alimentos.
“Estas legislaciones sólo profundizarán la dependencia de los países de la región en favor de empresas multinacionales y de una industria que asegura que los transgénicos salvarán al planeta y alimentarán al mundo, pero que en realidad sólo producen contaminaciones escandalosas y permiten la apropiación de los alimentos por parte de las corporaciones” aseguró Segesso.
En 2009, la “Ley Monsanto” fue introducida al Congreso chileno por el gobierno de Michelle Bachelet. Un año después, durante la presidencia de Sebastián Piñera, fue aprobada por la Cámara de Diputados y, en agosto de 2013, recibió un dictamen favorable de la Comisión de Agricultura del Senado. Esta semana, el gobierno nacional se comprometió a modificar el actual proyecto de ley. Sin embargo, la amenaza no ha terminado, el proyecto fue frenado en la cámara alta a la espera de nuevas modificaciones. Mientas tanto, las grandes multinacionales de la agricultura industrial en Chile continúan presionando para que estos cambios no afecten sus negocios.
Greenpeace apoya el reclamo de gran parte de la población chilena, y exige que los legisladores y el gobierno de ese país modifiquen la legislación para fomentar los conocimientos agroecológicos y proteger a los productores agrícolas, los recursos naturales y los alimentos.
Notas:
(1) UPOV es un convenio internacional para la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre vegetales del cual 14 Estados latinoamericanos ya son miembros (UPOV-91: Colombia; Costa Rica; República Dominicana; Panamá y Perú. UPOV-78: Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; México; Nicaragua; Paraguay; Trinidad y Tobago y Uruguay).
