Ciudadanos de todo el mundo unen fuerzas para detener a la industria de la incineración, la famosa “fábrica de cáncer”.
Ciudadanos y organizaciones no gubernamentales (ONGs) de todo el mundo se reunieron aquí para unir sus fuerzas en contra de la incineración de residuos. El Foro Global de la Sociedad Civil, la cumbre “paralela” a la Cumbre de la Tierra / Río + 10 en Johanesburgo, fue el lugar elegido para que la Coalición Antiincineración argentina exponga sus logros en nuestro país, a pesar de la crisis económica.
La Coalición Ciudadana Antiincineración (http://www.noalaincineracion.org) de la Argentina tiene un largo historial de luchas y de logros, a pesar de la falta de recursos y las presiones que reciben sus miembros.
La emisión de dioxinas, metales pesados y otros compuestos orgánicos en las cenizas resultantes de la incineración están relacionadas con el cáncer y otras alteraciones en la salud. A pesar de ser una actividad sucia y peligrosa para el medio ambiente y la salud humana, los incineradores existen en distintas partes del mundo.
El biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Córdoba) disertó en la reunión de la coalición internacional contra la incineración. Montenegro expuso los éxitos obtenidos por las ONGs y los ciudadanos argentinos para cerrar o evitar que se construyan nuevas plantas. Al encuentro asistieron representantes de 42 países.
Montenegro fue invitado a disertar en la Reunión Internacional Contra la Incineración que se realizó en el Auditorio de la Fundación Heinrich Boll, en Nasrec. Al encuentro, que organizaron conjuntamente GAIA y la organización sudafricana Earthlife, asistieron 120 personas procedentes de 42 países.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS “SUCIAS”
El ambientalista indicó que en la Argentina, “al igual que en otros países del Tercer Mundo, las compañías fabricantes de incineradores tratan de vendernos tecnologías obsoletas que dañan la salud. Hoy sabemos que cualquier incinerador, aun el mas sofisticado, descarga dioxinas y furanos al aire. Cuanto más queman más contaminan”.
“También sabemos que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, clasifica a las dioxinas como cancerigenos humanos ciertos. Por eso las coloco en el grupo 1, donde también figuran el arsénico, el amianto y otros productos altamente peligrosos”, agregó.
Además explicó que en la Argentina “ONGs de todo el país crearon la Coalición Anti-Incineración, un grupo activo y coherente que además de oponerse a la construcción de plantas de incineración también ofrece soluciones alternativas y sostenibles. FUNAM es miembro de esta Coalición”.
El presidente de FUNAM, que está acreditado en Johannesburgo para la reunión de las ONGs en Nasrec y para las deliberaciones de Naciones Unidas en Sandton, reseñó las movilizaciones que lograron detener la construcción de incineradores de residuos peligrosos: “Desde FUNAM trabajamos con los pobladores de Inés Indart y Salto en Buenos Aires, y en conjunto logramos desactivar dos proyectos de incineración. También acompañamos a las madres de Laguna Paiva en Santa Fe, quienes organizaron una inédita manifestación de 10.000 personas para decirle no al incinerador que pretendía construir el intendente”, indicó Montenegro.
Al éxito de Laguna Paiva le siguió el de los vecinos de Santa Rosa en Mendoza, cuya movilización detuvo la construcción de un incinerador de residuos peligrosos”. Como parte de la campaña en Santa Rosa, FUNAM cuestiono la evaluación ambiental que se había hecho del proyecto, y lo califico de ilegal. “Finalmente el proyecto se archivó”, dijo.
El miembro de la Coalición Antiincineración de la Argentina también informó que “además de frenar proyectos que dañan la salud y el ambiente vigilamos a los incineradores que siguen quemando residuos peligrosos”.
“Como parte de este trabajo –dijo– pedimos al Fiscal Anticorrupción de Córdoba que investigara si la Agencia Córdoba Ambiente había controlado la emisión de dioxinas y furanos en los incineradores VICARB de Atanor en Río Tercero, CIVA en Villa Allende y en el horno de cemento Minetti de Malagueño. El Fiscal Anticorrupción produjo un informe donde sostiene claramente que los funcionarios del gobierno no cumplieron con su función”.
Durante la sesión de preguntas Montenegro indico que en el caso particular del horno incinerador de Villa Allende “el horno esta localizado en un barrio densamente poblado. Aunque en 1997 la provincia le fijo límites de descarga de dioxinas y furanos la empresa CIVA nunca los midió, y el gobierno no hizo nada para que lo midieran. Por eso denunciamos ante la Justicia Federal tanto a la empresa CIVA como a los funcionarios de la Agencia Córdoba Ambiente. No debemos permitir que la irresponsabilidad de una empresa privada y la ineficiencia del estado amenacen la salud de la gente”.
Al finalizar el encuentro las organizaciones de los distintos países presentes acordaron montar un sistema de información que permita difundir masivamente los nombres de las empresas que contaminan el ambiente y que violan las leyes “para que todos podamos conocerlas”.
Mas de 15,000 representantes de ONGs asisten a esta “cumbre” paralela.
LA COALICIÓN CIUDADANA ANTIINCINERACIÓN DE LA ARGENTINA
Más de 30 organizaciones ambientalistas y vecinos de todo el país integran la Coalición Ciudadana Antiincineración, una activa red que le ha declarado prácticamente la guerra a las “fábricas de cáncer”. La Coalición también busca que el gobierno nacional cumpla con el compromiso asumido por el país con el Convenio internacional de eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes, firmado en mayo de 2001.
La causa contra las “fábricas de cáncer” ya tiene sus primeros logros.
En febrero de 2002, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires prohibió por ley la incineración de residuos patogénicos en esa ciudad. La nueva ley prohíbe además la contratación de empresas de incineración para el tratamiento de los residuos de los hospitales municipales de Buenos Aires, aún cuando esas empresas estén fuera de la ciudad. Greenpeace realizó una fuerte campaña y, junto a las firmas de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, se logró esa prohibición.
Una historia similar sucedió en la ciudad santafesina de Villa Constitución. A fines de 2001, se pretendió instalar un incinerador de residuos patológicos e industriales. La movilización de la comunidad logró que fuera rechazado el proyecto y que además se sancionara una ordenanza que prohíbe la incineración de residuos en Villa Constitución.
En la Argentina, la Coalición también está exigiendo al Gobierno nacional a que investigue a las "mafias" vinculadas al tratamiento de los residuos peligrosos. Las ONGs vienen reclamando a las autoridades que "se investigue la existencia de otros 'papitos'", en referencia a Antonio Aguirre, dueño del crematorio de Morón, denunciado el año pasado por Telenoche Investiga por la causa de las armas y por exportación de residuos peligrosos.
"Tenemos paciencia y ganas para barrer con esta porquería", había dicho a la agencia noticiosa Télam, Gladys Enciso, de la Asociación Vecinalista de Morón que desde hace más de una década lucha contra la incineración de residuos en ese Crematorio.
Las pequeñas batallas de estos ciudadanos se extendieron por todo el país "con la participación de los vecinos afectados y la indiferencia de quienes no sufren las consecuencias. Una situación que esperamos revertir con el tiempo", como dice Jorge Nallino, uno de los fundadores de la Coalición y titular del Centro Ecologista Renacer de Villa Constitución.
"Nuestra provincia es una de las más afectadas -aseguró-, porque como lo hizo también La Pampa no adherimos a la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, que pese a ser bastante desactualizada y flexible traba estos proyectos criminales".
En esa provincia del litoral los vecinos se levantaron con movilizaciones y protestas e impidieron la instalación de incineradores en Laguna Paiva, Zavalla, Galvez, Albarellos, general Lagos y Miguel Torres (Oscar Soria – Coordinador de prensa de Greenpeace Argentina).