Noticia - 2 mayo, 2005
El diputado Miguel Bonasso reclamó la sanción de un proyecto de ley que permitiria preservar la reserva natural de General pizarro en salta. La administracion de Parques Nacionales podría comprar un lote de la zona. La intervención del gobierno nacional se produce cuando el Gobierno de Salta
se apresta a autorizar el inicio de los desmontes en el area.
Greenpeace apoyó el proyecto de ley presentado por la Comisión de Recursos Naturales de la Comisión de Recursos Naturales que permitiría preservar la Reserva de General Pizarro
El presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), Héctor Espina y el diputado nacional Miguel Bonasso, presentaron hoy un proyecto que busca preservar una parte de la reserva natural de General Pizarro, en Salta.
La presentación se produjo en el mismo momento en que se desarrolla, en Pizarro, una audiencia pública que podría derivar en que se autorice el inicio de los desmontes en la región y, en consecuencia, la pérdida definitiva de los ecosistemas
que se busca preservar.
Espina confirmó esta tarde que la APN se encuentra conversando con el Gobierno de Salta para encontrar una forma de conservar una parte las tierras que conformaban la Reserva y que tiene los fondos para comprar un lote. Además, Espina señaló que la APN está buscando apoyo financiero para ampliar la zona que se podría recuperar.
"Esta iniciativa es la primera que vemos del Estado Nacional que apunta a resolver la situación de Pizarro. Se trata de una solución que podría resolver el nivel de conflictividad que existe sobre este caso", dijo Emiliano Ezcurra, director de Campañas de Greenpeace.
De la presentación participaron también el diputado Bonasso, el encargado de temas ambientales de la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela y el director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre (FVSA), Javier Corcuera.
Estrada Oyuela sostuvo que "a pesar de lo que dice la Constitución Nacional, el Estado Nacional no pierde soberanía sobre los recursos naturales y si bien delega la administración no puede desentenderse".
Greenpeace consideró que la propuesta presentada por Parques Nacionales "podría ser la última posibilidad de supervivencia de, al menos, una parte de la reserva",
aunque reiteró que el objetivo final debería ser siempre la conservación del área protegida tal y como la había creado el Gobierno de Salta.
Bonasso, por su parte, recordó que presentó el proyecto de Emergencia Forestal Nacional que contempla la prohibición absoluta de desmontes de los recursos forestales nativos en todo el territorio argentino que fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Recursos Naturales y que espera ser tratado y aprobado en la Cámara Baja.
La Reserva de Pizarro ubicada en el departamento de Anta, Salta, fue creada a fines de 1995. La zona constituye la única de la Argentina que resguarda una muestra de la biodiversidad del quebrachal chaqueño y la selva de Yungas en forma continua.
En febrero de 2004 el gobernador Romero instruyó al parlamento local para que le quitara a la Reserva su condición de área protegida para de esa forma proceder a rematarla.
La provincia dividió casi 17 mil hectáreas de las 25 mil hectáreas que tiene la Reserva en siete parcelas, seis de las cuales se ubican en dos de los ecosistemas menos protegidos y más amenazados del país: el Chaco Semiárido (quebrachal) y su trancisión a la Selva Pedemontana de las Yungas.
La audiencia pública que se realiza en Pizarro en este momento es el último paso legal-formal que debe dar la Secretaría de Medio Ambiente de Salta para autorizar el proyecto de desmonte presentado por la empresa Everest S.A, que pretende arrasar con cuatro de las seis parcelas en que se ha dividido el 90 por ciento del área protegida provincial.
Se trata de un paso administrativo no vinculante utilizado por el gobierno para blanquear como transparente el nefasto acto que implica la venta, por primera vez en la historia, de un área protegida natural.
Amparados en el derecho indígena y en la Constitución Nacional el abogado de la comunidad Wichi de Pizarro, Matías Duarte, presentó la semana pasada un recurso para cancelar la audiencia. Además, se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación un Recurso de Queja elevado por Greenpeace, Fundación Vida Silvestre y la Fudación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Las empresas originalmente involucradas en el remate fueron tres: Miguel Ragone (una parcela), MSU S.A. (dos parcelas) y el Manuel A. Courel (cuatro parcelas), todas ellas hoy se han retirado habiendo pasado sus derechos en el caso de Ragone nuevamente a la provincia, las dos parecelas de MSU a la empresa IA S.A. y las cuatro de Courel a la empresa Everest S.A. Esta última es la que presentó el pedido de desmonte "tratado" en la Audiencia Pública que se lleva a cabo en Pizarro.