A pesar de que la policía impidió que Greenpeace instalara su telefóno rojo sobre la Plaza de Mayo, la organización ambientalista pudo llevar adelante su reclamo en favor de la reglamentación de la Ley de Bosques sobre la calle Defensa.
Ubicados sobre la calle Defensa al 100, a metros de la histórica Plaza, los activistas montaron el teléfono rojo gigante y la cabina desde donde cientos de ciudadanos se comunicaron la Presidencia de la Nación para hacer llegar su demanda.
El teléfono de Greenpeace ya recorrió Mar del Plata, Córdoba y Rosario en donde no hubo inconvenientes para que la gente pudiera comunicarse al (011) 4000-5580 que deriva los llamados a Presidencia.
Sin embargo, en Buenos Aires y a pesar de que el teléfono es una estructura inflable que se arma y desarma en minutos, la Policia Federal impidió el paso de los activistas que avanzaban sobre la calle Defensa en un claro avasallamiento a la libertad de expresión de los ciudadanos.
Desde hace dos semanas, cuando se habilitó la línea, más de mil personas se comunicaron a diario con la Casa Rosada. "La respuesta de la gente para detener el boicot a la Ley de Bosques es impresionante, como sucedió hace un año cuando más de un millón de argentinos firmaron para que se sancionara. Esto demuestra que la deforestación es un tema que preocupa a gran parte de la sociedad", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.
"Inexplicablemente, y sin la participación de las organizaciones sociales, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación van a rediscutir mañana y pasado el borrador de la reglamentación con los gobiernos provinciales para lavar y flexibilizar la norma. Así, buscan que la reglamentación les permita a las provincias más comprometidas con la deforestación cobrar los fondos que la ley establece y seguir con la fiebre de las topadoras", afirmó Giardini.
Frente a esta situación, más de cincuenta organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas de todo el país presentaron una carta dirigida al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, y al Consejo Federal del Medio Ambiente, en la que señalaron que "la excesiva demora en su reglamentación pone en crisis su operatividad y genera una profunda preocupación por el futuro de la misma".
Las organizaciones reclamaron que la reglamentación respete el espíritu original de la Ley de Bosques y sea una herramienta eficaz para detener la deforestación, y señalaron que para ello es imprescindible "la adopción de mecanismos que permitan a la sociedad civil y sus instituciones participar del control de la efectiva implementación de la misma, y en la consideración de mecanismos de transparencia tanto para la aplicación de la ley como así también para el monitoreo de su cumplimiento, asignación, distribución y ejecución de fondos."
En ese sentido, alertaron que es necesario asegurar que los fondos para la protección de los bosques que la norma establece "promuevan de manera eficaz y transparente la protección y manejo sostenible de la mayor superficie posible en cada jurisdicción, y que la compensación para los titulares de bosques que realicen tareas de conservación o manejo sostenible de los recursos forestales resulte un incentivo eficaz para detener la deforestación".
La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.
- Descargá la carta completa de las organizaciones sociales por la reglamentación de la Ley de Bosques, hacé click aquí.