Día del Medio Ambiente: Greenpeace reclama discusión ambiental en la campaña política

Noticia - 4 junio, 2009
En coincidencia con el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebrará mañana, Greenpeace alertó este jueves sobre la falta de debate ambiental en la campaña electoral y sobre la necesidad de encarar, de forma urgente y decidida, la reparación de los grandes problemas ambientales que afectan al país.

Acción de la campaña "Rescatemos el Riachuelo" con el rompehielos Arctic Sunrise. Greenpeace reclama que el plan de saneamiento dispuesto por el fallo de la Corte sea efectivamente ejecutado y se traduzca en un plan de Vertido Cero.

Para la organización es imperante contemplar en la agenda política temas como el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la plena implementación de la ley de bosques, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y la lucha contra el Cambio Climático Global.

"Vemos con gran preocupación como, en una campaña sin propuestas y vaciada de debate, la dirigencia política continúa sin pronunciarse sobre cuestiones críticas para garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y las condiciones de vida de millones de personas", expresó Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace.

Entre los principales problemas ambientales que padece el país, Greenpeace señaló:

Cuenca Matanza-Riachuelo. Es uno de los 30 sitios más contaminados del mundo, donde habita el 13 por ciento de la población del país. La emergencia ambiental de la zona ha perdurado en el tiempo, entre las promesas, la inacción y la desidia de los diferentes gobiernos. En 2008, un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que representa un punto de inflexión en la historia de la contaminación del Riachuelo, obligó al Estado a llevar adelante un proceso de recomposición de la cuenca.

Greenpeace reclama que el plan de saneamiento dispuesto por el fallo, sea efectivamente ejecutado y que este proceso se traduzca en un plan de Vertido Cero, que permita llegar al 2020 con la eliminación total de emisiones de sustancias peligrosas de origen industrial y de vuelcos de líquidos cloacales a la cuenca.

Como metas intermedias, la organización promueve la reducción del 50 del ciento de los vertidos de las sustancias más contaminantes para 2015, la identificación de las 100 industrias más contaminantes de la Cuenca por parte de la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), y la conformación de un registro único de emisiones de sustancias peligrosas.

Emergencia forestal. Greenpeace alerta sobre la emergencia forestal a nivel global y a nivel local, y sobre la importancia de los bosques en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos diez años, Argentina perdió más de 2 millones y medio de hectáreas de bosques nativos, lo que equivale a una hectárea cada dos minutos. Actualmente nuestro país cuenta con una superficie de 31.443.873 de hectáreas de bosque nativo, tan sólo el 30 por ciento de las masas forestales originales.

La altísima tasa de transformación de los bosques, especialmente originada por los desmontes en el norte de Argentina para la ampliación de la superficie agrícola (en la mayoría de los casos para el monocultivo de soja transgénica) no tiene precedentes en la historia.

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007 y reglamentada en febrero de este año tras la tragedia provocada por el alud en la ciudad de Tartagal, establece que cada provincia deberá realizar un Ordenamiento Territorial, mediante el cual se determinarán las zonas a ser protegidas. Sin embargo, muchos de los procesos permanecen aún inconclusos en numerosas provincias y continúan produciéndose denuncias por desmontes y talas ilegales, sin control de parte del Estado.

Greenpeace reclama que la zonificación que surja de los Ordenamientos Territoriales provinciales no otorgue ni una hectárea más para ser desmontada.

Cambio climático. El cambio climático es para la Argentina una de las grandes amenazas ambientales para este siglo. Sus impactos tendrán consecuencias en la biodiversidad, la economía y la salud de la población. La expansión de enfermedades tropicales continuará aumentando durante los próximos años, por efecto del calentamiento global. En la región de Cuyo, será cada vez más crítico el recurso hídrico por la desaparición de los glaciares, prevista para antes de la mitad del siglo. Nuestro país no sólo debe adaptarse a la nueva realidad climática que se avecina, sino contribuir activamente en la mitigación del cambio climático, apoyando los compromisos internacionales de reducción -de emisiones de gases de efecto invernadero- que permitan mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados. Debido a que las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita son muy elevadas, la Argentina deberá hacer un gran esfuerzo para reducirlas.

Residuos Urbanos. Durante el 2008 y hasta la fecha, Greenpeace ha venido reclamando a la administración de Mauricio Macri la plena implementación de la Ley 1854 de Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires. La norma, impulsada por la organización ambientalista y aprobada por unanimidad por la Legislatura porteña en noviembre de 2005, establece el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para la Ciudad de Buenos Aires, que debe conducir a la reducción progresiva de la basura enterrada en los rellenos sanitarios de la CEAMSE.

Los rellenos sanitarios a los cuales se deriva la basura de la Ciudad de Buenos Aires hoy están colapsados o a punto de llegar al final de su vida útil, además de generar la oposición de los vecinos. A pesar de esto, según el acuerdo al que llegaron el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, publicado en el boletín oficial del GCABA el 3 de junio pasado,  la Ciudad pagará más dinero por abrir dos nuevos rellenos sanitarios en municipios de la provincia. La administración de Macri no se ha comprometido a reducir los residuos que enviará al conurbano y lo que es más preocupante, hoy está adoptando medidas contrarias a ese objetivo.

La Ciudad envió durante 2008 alrededor de 5.200 toneladas diarias de basura al conurbano. Los residuos urbanos que son depositados en los rellenos contienen una variedad de sustancias químicas como metales pesados y una enorme cantidad de compuestos orgánicos como detergentes, solventes y contenidos de plástico como cloruro de vinilo, polietileno y formaldehído, entre otros. Al descomponerse los residuos, se liberan líquidos lixiviados  (líquidos que se filtran de la basura y contaminan las napas subterráneas) y gases que son altamente tóxicos para las comunidades vecinas. Los líquidos arrastran partículas de residuos y disuelven metales que son vertidos en el suelo y llegan así a los cursos de agua.

Estudios realizados sobre muestras de lixiviados demostraron la presencia de mercurio, plomo, cromo, zinc y PCB en cantidades que superan los límites permitidos para vertidos en cursos de agua. Estos elementos pueden provocar daños renales, malformaciones congénitas, enfermedades en la piel, cáncer, alteraciones hormonales y abortos prematuros, entre otras dolencias

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los residuos electrónicos de la Argentina ya alcanzan las 100.000 toneladas anuales (aproximadamente 2,5 kg per cápita) debido al crecimiento de las ventas y a que no existe prácticamente ninguna infraestructura formal para ocuparse del tema. Los productos electrónicos contienen numerosas sustancias tóxicas que provocan, al disponerse a través de métodos inadecuados, numerosos problemas en la salud y el medio ambiente.

La Argentina no cuenta aún con un marco normativo moderno que garantice y obligue a las empresas a responsabilizarse por la disposición final de los productos que vuelcan al mercado. Greenpeace presentó un informe en el que analizó los principales obstáculos que existen en el país para abordar el problema de los residuos electrónicos. Entre ellos, identificó la falta de infraestructura formal de reciclado, la inexistencia de políticas públicas que promuevan la clasificación de residuos y el riesgo de importación y exportación de residuos de manera ilegal.