Greenpeace y Taller Ecologista instalaron un Teléfono Rojo gigante y una cabina en la Plaza Montenegro, en el centro de Rosario, para que la gente reclame a la presidenta, Cristina fernández de Kirchner, la urgente reglamentación de la Ley y una política firme contra los desmontes.
Las organizaciones ambientalistas instalaron un Teléfono Rojo gigante y una cabina en la Plaza Montenegro, en el centro de Rosario. Cientos de personas hicieron largas filas para llamar al (011) 4000-5580, que deriva las llamadas a Presidencia de la Nación para reclamar la urgente reglamentación de la Ley de Bosques y una política firme contra los desmontes.
Desde el martes pasado, día en que se habilitó la línea, más de mil personas se comunicaron a diario con la Casa Rosada. Luego de realizar su reclamo, que en la mayoría de los casos fue asentado por las secretarias de Presidencia con nombre y número de documento, muchos de ellos dejaron sus comentarios en el blog de Greenpeace.
"La respuesta de la gente es impresionante, como sucediera hace un año cuando un millón y medio de argentinos firmaron para que se sancionara la Ley. Lo que demuestra que la deforestación es un tema que le preocupa a gran parte de la ciudadanía argentina. Pero lamentablemente, a pesar de los miles de llamados, desde el Poder Ejecutivo aún no se contesta al reclamo", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.
"A pesar de que el borrador de la reglamentación está listo desde hace seis meses, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación pretenden rediscutirlo con los gobiernos provinciales para lavar y flexibilizar la norma. Así, buscan que la reglamentación les permita a las provincias más comprometidas con la deforestación cobrar los fondos que la ley establece y seguir con la fiebre de las topadoras", afirmó Giardini.
"Es fundamental que la reglamentación respete el espíritu de la Ley de Bosques y sea una herramienta eficaz para detener la deforestación. En ese sentido, esperamos que el gobierno de Santa Fe no permita que las provincias que quieren seguir con los desmontes logren que la reglamentación sea permisiva", señaló Martín Orecchia, del Taller Ecologista de Rosario.
La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.