Juicio al gobierno de la Ciudad por prohibir las fábricas de cáncer.

Noticia - 11 diciembre, 2002
La Cámara de Incineradores de Residuos presentó un amparo contra el Gobierno porteño. En respuesta a ello, Greenpeace se presentó ante la justicia. En febrero de este año, la Legislatura porteña había aprobado una ley que prohibe incinerar.

Fábricas de cáncer: Estatuas típicas de Buenos Aires protestan contra la contaminación.

Ante la prohibición, por unanimidad, por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en febrero pasado de los incineradores de residuos patogénicos, la Cámara que agrupa a esas empresas (CAITPA) presentó un recurso de amparo contra el Gobierno de la Ciudad. Frente a este hecho, y en defensa de lo que considera ha sido una medida ejemplar tomada por la Legislatura, Greenpeace se presentó a la Justicia para solicitar se rechace la demanda realizada por los incineradores.

En febrero de 2002, la Legislatura porteña aprobó la ley 747 (1) que prohíbe la incineración de residuos patogénicos en la ciudad y la contratación de empresas de incineración para el tratamiento de los residuos generados en los hospitales dependientes del Gobierno de la Ciudad. Esta medida fue vista con gran aceptación por los ambientalistas y la mayor parte del sector de la salud pública, debido a que la incineración de residuos patogénicos es una conocida fuente de emisión al ambiente de sustancias muy tóxicas incluidas las cancerígenas dioxinas.

“Esta ley se propuso romper el círculo enfermo que hasta ese momento hacía que los residuos generados en los hospitales fueran el origen de nuevos problemas en la salud provocados por las dioxinas y otras sustancias tóxicas que emiten las plantas de incineración”, manifestó la bióloga Verónica Odriozola, coordinadora de la campaña de Greenpeace contra las sustancias tóxicas.

Al respecto, el Convenio de Estocolmo, firmado por más de 100 países, incluida la Argentina, establece claramente la obligación de eliminar las emisiones de dioxinas al ambiente. El mismo Convenio identifica a los incineradores de residuos en primer lugar entre las fuentes de estas cancerígenas sustancias (2).

En defensa de la prohibición de la incineración de residuos patogénicos por la contaminación provocada especialmente al quemar los plásticos de los materiales descartables de uso en salud, Greenpeace se presentó ante la Jueza Lidia Lago solicitando rechace la demanda de la CAITPA. (3)

Sin embargo, y a pesar de que varias plantas de incineración adquirieron tecnología alternativa y menos contaminante para adecuarse a las nuevas reglas, la CAITPA –Cámara que nuclea a las principales incineradoras- presentó un recurso de amparo pidiendo se declare inconstitucional la ley que prohíbe la instalación de estas empresas contaminantes en territorio porteño.

En septiembre de este año, cumplido el primer plazo mencionado en la ley 747, el Gobierno de Aníbal Ibarra debió terminar con el contrato que tenía con la multinacional francesa Tri Eco debido a que la empresa seguía incinerando los residuos de los hospitales de la Ciudad aún cuando la ley claramente lo prohibía.

Tri Eco ha sido numerosas veces denunciada por organizaciones ecologistas y de vecinos por los problemas ambientales que causa y las operaciones clandestinas que ha realizado (4). “La empresa Tri Eco es una de las más grandes del país y muy poderosa dentro de la CAITPA. Y este amparo muestra que están dispuestos a pelear contra todas las decisiones para seguir contaminando”, agregó Odriozola.

Greenpeace recordó por otra parte que el amparo presentado por la CAITPA lleva como abogado patrocinador a Juan Rodrigo Walsh, quien fuera por varios años Subsecretario de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando todavía las empresas incineradoras prestaban sus servicios a los Hospitales públicos de la Ciudad sin ningún tipo de restricción a los impactos ambientales y sanitarios que produce la mencionada tecnología.

(1) La Ley 747 se encuentra publicada en el Boletín Oficial del GCBA.

(2) El texto del Convenio firmado puede bajarse de Aquí.

(3) El amparo presentado por la CAITPA se encuentra en el Juzgado 7, Secretaría 14 del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

(4) En 2001, Greenpeace develó a través de filmaciones y fotografías la incineración precaria y sin filtros que la empresa Tri Eco realizaba durante la noche y descubrió un galpón sin habilitación en Avellaneda en el que esta empresa francesa escondía cientos de tambores con cenizas tóxicas producto de la incineración.