Lanusse recibió el reclamo de los Campesinos, la Iglesia y Greenpeace: Basta a la destrucción del bosque

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Lanusse recibió el reclamo de los Campesinos, la Iglesia y Greenpeace: Basta a la destrucción del bosque

Hoy, jueves, el interventor de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Pablo Lanusse, recibió a representantes de Greenpeace y de otras entidades locales, que le acercaron una propuesta escrita de una moratoria para detener el avance de los desmontes en todo el territorio provincial.

Durante la reunión, Lanusse manifestó que esta problemática se encuentra entre “las prioridades de la Intervención” y dijo reconocer la gravedad de la situación que atraviesan los campesinos y el bosque nativo.
 
Concretamente, se le solicitó a Lanusse que emita una moratoria a los desmontes por 12 meses, en la que no se deberían dar nuevos permisos a los desmontes, y una revisión a los permisos emitidos que estén viciados de irregularidades legales y administrativas.
 
En la audiencia participaron Emiliano Ezcurra, de Greenpeace Argentina, y Julio Carreras (h), del Grupo de Reflexión Rural (GRR Santiago del Estero), en representación de estas entidades y de la Pastoral Social de la Iglesia Católica santiagueña, la Mesa de Tierras, el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), la organización no gubernamental Prodemur (Promoción de la Mujer Rural) y la Unse (Universidad Nacional de Santiago del Estero).
 
Durante la reunión, realizada en horas de la tarde, Lanusse recibió la propuesta escrita en la que se pide una “declaración inmediata de una moratoria a los desmontes superiores a 10 hectáreas continuas por el término de doce meses renovables a otros doce” y la “regularización de la tenencia legal de la tierra”.
 
“Los sucesivos esfuerzos de instituciones y profesionales de la provincia con el objetivo de dar al quebrachal un ordenamiento del territorio e implantar un perfil productivo racional fueron siempre superados por intereses cortoplacistas, desidia por parte del Estado y las constantes irregularidades cometidas en el terreno ante la absoluta falta de control y ausencia en el campo de una efectiva fiscalización de las áreas competentes. Esta situación se evidencia en el cuadro de situación que presenta hoy el monte santiagueño”, señala el análisis escrito entregado a Lanusse.
 
En el escrito, las organizaciones sociales solicitaron al Poder Ejecutivo establecer un equipo coordinador del proceso de generación del Plan de Ordenamiento Territorial a partir de integrantes de las áreas de gobierno que considere con competencia en la temática del ordenamiento territorial.
 
También solicitan que el gobierno invite a formar parte de este equipo de trabajo a “las entidades de la sociedad civil con interés en participar del proceso”. Asimismo, han señalado en la propuesta que el Poder Ejecutivo debería establecer un reglamento de funcionamiento del equipo de trabajo que canalice las posibilidades de amplia participación de los interesados y que garantice la transparencia del proceso.
 
En ese sentido, señalaron que la participación del campesinado es central en el proceso de moratoria propuesto: “Fuente permanente de conflicto, la situación de un número importante de familias santiagueñas con relación al status legal de la tierra que ocupan, debe ser resuelto en forma paralela y dentro del mismo proceso de ordenamiento territorial”, indicaron las organizaciones sociales.
 
“La resolución de los conflictos en torno a la tenencia de la tierra –agregaron las entidades que presentaron el petitorio– es una parte fundamental del componente social del proceso de generación del Plan de Ordenamiento Territorial debido que es imposible que este sea exitoso si sus únicos parámetros de ordenamiento se refieren al estado de conservación del monte, el tipo de suelo o el régimen de precipitaciones”.
 
“Los bosques nativos del norte argentino son bosques con gente, ignorar o separar de este proceso la cuestión de la tenencia de la tierra es absurdo”, advirtieron las entidades.
 
En el pedido de moratoria, se indica: “La transformación del monte a agricultura no necesariamente implica una mejora productiva para los pobladores debido a que estos en muchos casos basan su actividad económica en el uso forestal y pastoril del monte, razón que refuerza la necesidad de que las entidades que representan los intereses de campesinos en situación de debilidad legal en cuanto a la tenencia de la tierra sean contenidos en el proceso de generación del Plan de Ordenamiento Territorial”.
 
“Un Plan de Ordenamiento Territorial no es un documento meramente técnico, es un instrumento político con sólida base técnica y consenso social”, dijo Emiliano Ezcurra, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.