Noticia - 6 febrero, 2007
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, comprometió hoy el apoyo del Gobierno Nacional a la ley de bosques, incluida dentro del temario de las sesiones extraordinarias que tratará la Cámara de Diputados en febrero y anunció la creación de una mesa de negociación para encontrar una solución al caso de Algarrobal Viejo, el pueblo santiagueño amenazado por un desmonte autorizado por la provincia de Salta.
Las 'Madres del Monte', Greenpeace y el MOCASE fueron recibidos en la Casa Rosada.
Fernández, junto con el Subsecretario de Política Ambiental, Bruno Carpinetti, recibió hoy en la Casa Rosada a un grupo de "Madres del Monte" -que la semana pasada realizaron una protesta frente a la casa del presidente Néstor Kirchner, en El Calafate- a la presidenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Nelly Véliz, y al director Político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga.
"El ministro expresó el apoyo del Gobierno Nacional a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos y aseguró que el Poder Ejecutivo dialogará con los diputados oficialistas para compromterlos en la sanción de la ley", sostuvo Villalonga, al término del encuentro que se prolongó por casi una hora.
Además, el ministro anunció la creación de una mesa de diálogo para encontrar una solución al caso de Algarrobal Viejo, el pueblo de donde son oriundas dos de las "Madres del Monte" que participaron de la reunión, Juana Rosario Arias y Delma Marcelina Aranda.
Según anunció Fernández, la mesa estará integrada por funcionarios del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Medio Ambiente, por el MOCASE, pobladores de Algarrobal y los gobiernos de Salta y Santiago del Estero. Además, el ministro aseguró que existe un compromiso del gobierno de Salta de "no autorizar" el desmonte del monte límitrofe con el pueblo hasta que no se encuentre una solución al conflicto.
Las "Madres del Monte", que habían acampado la semana pasada frente a la residencia del presidente Néstor Kirchner en El Calafate, levantaron su protesta el viernes pasado luego de que el Gobierno Nacional se comprometiera a recibirlas en la reunión que se concretó esta mañana, donde expresaron su desesperación por el acelerado proceso de destrucción de los bosques nativos de los que depende la substiencia de cientos de pequeñas localidades campesinas del norte argentino.
"La situación que se vive en Algarrobal Viejo es muy similar a la que viven muchísimos otros pueblos de nuestro país. Con los desmontes, los campesinos y los indígenas, tradicionales ocupantes de nuestros bosques, son desalojados por las topadoras, y muchas veces esto sucede con permiso de las provincias. Es por eso que necesitamos que de manera urgente se apruebe la Ley de Bosques", señaló Arias.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental del Bosque Nativo fue aprobada en general por la Cámara de Diputados en diciembre e incluida en el temario de las sesiones extraordinarias, para ser tratada en particular durante las sesiones que tendrán lugar en febrero.
El proyecto de ley establece una moratoria a los desmontes por 5 años o hasta tanto cada provincia desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos, para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales.
La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritario cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.
En la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde se produce el 70% de la deforestación anual por culpa de la expansión agrícola (en la mayoría de los casos soja transgénica) y ganadera.