Ley de Bosques: Greenpeace acusa a Carlos Rovira de promover una "licencia para desmontar"

Noticia - 29 noviembre, 2006
Greenpeace acusó este miércoles al gobernador misionero Carlos Rovira de impulsar cambios drásticos en la ley de bosques que se está discutiendo en el Congreso Nacional, y fomentar así una “licencia para desmontar”, que implica la destrucción de nuestros últimos bosques nativos y el desalojo de cientos de comunidades campesinas e indígenas en todo el país.

Chaco: activistas de Greenpeace en helicóptero detienen topadoras que desmontaban bosque nativo

 

“Simple y llanamente, Rovira y el lobby sojero no quieren ningún obstáculo para ampliar indiscriminadamente sus beneficios económicos en detrimento de nuestros últimos bosques nativos y su gente. El reemplazo propuesto implicaría facilitar un marco jurídico para dar una licencia para destruir los bosques y crear zonas liberadas para desmontes y desalojos”, expresó.

 

Villalonga señaló que es urgente aprobar la ley de bosques, ya que algunas provincias, como Salta, están acelerando el proceso de entrega de permisos de desmontes en las últimas horas. “La situación es desesperante, una superficie de valiosos bosques, equivalente a la ciudad de Buenos Aires, será desmontada sólo en dos meses si prosperan los permisos del gobierno salteño”, agregó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.

 

La norma, en tratamiento esta tarde por la Cámara de Diputados, establece “una moratoria a los desmontes hasta tanto cada provincia desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos, para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales y estableciendo un régimen de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos".

“Claramente están tratando de desvirtuar el espíritu original de la Ley, que es el de consensuar producción con conservación. Pero para ello necesitamos frenar los desmontes por un tiempo y hacer el ordenamiento territorial de los bosques nativos en cada provincia. Sin este instrumento "la Ley de Bosques pierde sentido. Necesitamos que se apruebe el proyecto original”, señaló Giardini.

La Ley establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del  bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.

 

”Los desmontes irracionales son cada vez más frecuentes en el norte de nuestro país y producen pérdida de biodiversidad, desertificación e inundaciones. Además cientos de campesinos e indígenas son desalojados por las topadoras, y en muchos casos se otorgan permisos para desmontar en zonas tradicionalmente habitadas. La Ley protegerá a los tradicionales ocupantes de los bosques nativos”, indicó.

 

  

La norma, que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Recursos Naturales de Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, es apoyada por gran parte de los diputados del Frente para la Victoria y del ARI.

Sin embargo, durante la última sesión en Diputados, el pasado miércoles, se debió suspender la votación de la Ley de Bosques por falta de quórum. Se supo luego que los diputados del Frente para la Victoria de las Provincias de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco habían abandonado el recinto. Lo mismo hicieron diputados de las bancadas del PRO y la UCR.

  

La Ley de Bosques fue impulsada por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas como "la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; y cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones campesinas e indígenas como la Federación Agraria Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA).

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El director Político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, denunció que el gobernador de esa provincia le ha pedido expresamente a los diputados del Frente para la Victoria, que reemplacen una cláusula crítica del proyecto de ley de emergencia forestal, que es impulsado por Miguel Bonasso y apoyado por organizaciones no gubernamentales de todo el país.  

Los diputados oficialistas misioneros se encuentran haciendo “lobby” en el resto de la bancada del FPV para reemplazar la figura del estudio de impacto ambiental (EIA) por una simple declaración jurada, sin peso técnico, que habilitaría rápidamente los desmontes.  

“Simple y llanamente, Rovira y el lobby sojero no quieren ningún obstáculo para ampliar indiscriminadamente sus beneficios económicos en detrimento de nuestros últimos bosques nativos y su gente. El reemplazo propuesto implicaría facilitar un marco jurídico para dar una licencia para destruir los bosques y crear zonas liberadas para desmontes y desalojos”, expresó.  

Villalonga señaló que es urgente aprobar la ley de bosques, ya que algunas provincias, como Salta, están acelerando el proceso de entrega de permisos de desmontes en las últimas horas. “La situación es desesperante, una superficie de valiosos bosques, equivalente a la ciudad de Buenos Aires, será desmontada sólo en dos meses si prosperan los permisos del gobierno salteño”, agregó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina. 

La norma, en tratamiento esta tarde por la Cámara de Diputados, establece “una moratoria a los desmontes hasta tanto cada provincia desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos, para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales y estableciendo un régimen de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos".

“Claramente están tratando de desvirtuar el espíritu original de la Ley, que es el de consensuar producción con conservación. Pero para ello necesitamos frenar los desmontes por un tiempo y hacer el ordenamiento territorial de los bosques nativos en cada provincia. Sin este instrumento la Ley de Bosques pierde sentido.

Necesitamos que se apruebe el proyecto original”, señaló Giardini. La Ley establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del  bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.

”Los desmontes irracionales son cada vez más frecuentes en el norte de nuestro país y producen pérdida de biodiversidad, desertificación e inundaciones. Además cientos de campesinos e indígenas son desalojados por las topadoras, y en muchos casos se otorgan permisos para desmontar en zonas tradicionalmente habitadas. La Ley protegerá a los tradicionales ocupantes de los bosques nativos”, indicó.  

La norma, que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Recursos Naturales de Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, es apoyada por gran parte de los diputados del Frente para la Victoria y del ARI.

Sin embargo, durante la última sesión en Diputados, el pasado miércoles, se debió suspender la votación de la Ley de Bosques por falta de quórum. Se supo luego que los diputados del Frente para la Victoria de las Provincias de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco habían abandonado el recinto. Lo mismo hicieron diputados de las bancadas del PRO y la UCR.  

La Ley de Bosques fue impulsada por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas como la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; y cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones campesinas e indígenas como la Federación Agraria Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA)