Activistas de Greenpeace irrumpieron en un acto de la Presidenta en Calafate en protesta contra la construcción de una usina a carbón en Río Turbio.
Greenpeace dio a conocer hoy la información que demuestra que el Gobierno Nacional pagó 142 millones de dólares por la usina a carbón antes que la empresa constructora presentara su estudio de impacto ambiental. Isolux Corsán es la empresa adjudicataria de la construcción de la Central Térmica de Río Turbio. "Resulta obvio que se quiso realizar un trámite expeditivo, que ignorase todo cuestionamiento ambiental a la central en base a carbón" explicaron desde la organización.
La cuestionada usina que proyecta realizar el Gobierno Nacional en Santa Cruz comenzó a ser pagada un año antes de que la empresa presentara su estudio de impacto ambiental y se realizara la audiencia pública en la localidad de Río Turbio. "Se supone que los pagos adelantados fueron utilizados para iniciar la compra del equipamiento de la usina en el exterior, lo cual muestra que el proyecto se inició independientemente del resultado de la evaluación ambiental" explicó Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina. "Todo ese proceso, tanto el estudio de impacto ambiental como la audiencia pública fueron un fraude, ya que la empresa tenía garantizado el resultado".
La empresa española Isolux Corsán resultó adjudicataria de la obra de la planta de carbón el 6 de diciembre de 2007. La resolución por la que se emitieron los pagarés por los primeros 142 millones se difundió el 27 de diciembre de 2007. Esa suma se fue abonando durante el año 2008 cuyo último vencimiento fue en agosto de ese año (1). La empresa presentó su estudio de impacto ambiental en septiembre de 2008 y la audiencia pública se realizó el 24 de ese mismo mes (2).
Según Greenpeace, los pagos recibidos hasta la actualidad por Isolux Corsán totalizan 393 millones de dólares. El proyecto de la Central Térmica está presupuestado en unos 700 millones de dólares, lo que representa otro aspecto conflictivo de la obra. "Ese precio es muy alto en relación a los precios internacionales, una usina de esa potencia cuesta la mitad: 350 millones dólares", señaló Villalonga.
Según la ley Nacional 25.675, Ley General del Ambiente, antes iniciarse la ejecución de la obra debió haberse producido una declaración de impacto ambiental aprobando la obra. A pesar de que el estudio de impacto ambiental recibió 50 observaciones por parte de la Comisión Evaluadora, conformada por diversos organismos provinciales, nunca se conoció una respuesta a las mismas.
La central a carbón de Río Turbio recibió múltiples cuestionamientos técnicos y ambientales. "Es irracional desde todo punto de vista, económico, ambiental y tecnológico" explicó Villalonga. "Se trata de avanzar en una tecnología energética sucia y que comprometerá a la Argentina en materia de emisiones que afectan al clima, el carbón es la fuente energética que debe ser abandonada urgentemente y Argentina quiere comenzar a desarrollarla a gran escala".
Los planes del Gobierno Nacional estiman que para el año 2025 se alcanzará una potencia instalada entre 3000 y 5000 MW en base a carbón. Eso significa entre 12 y 21 plantas como la usina de Río Turbio. "Eso es un disparate, Argentina posee un potencial energético renovable extraordinario y nada se hace por ponerlo a producir" concluyó Villalonga.
Notas
(1) Carbón, combustible para el cambio climático - Anexo VI: Hacé click aquí.
(2) Carbón, combustible para el cambio climático - Anexo III: Hacé click aquí: