Noticia - 31 mayo, 2004
Defienden su principal medio de vida y sustento económico: Etnia Wichi inició juicio al gobierno salteño por el remate de su tierra.
La comunidad Wichi Eben Ezer inició acciones judiciales contra el gobierno de Juan Carlos Romero por su iniciativa de desafectar una reserva natural para destinarla a la actividad sojera.
La comunidad aborigen Eben Ezer, de la etnia wichí, presentó este lunes una acción de amparo ante la justicia provincial para impedir la venta de los lotes fiscales N° 32 y 33, en la provincia de Salta, decretada por el gobernador Carlos Romero.
Matías Duarte, abogado patrocinante de la demanda, declaró que se inició esta acción legal porque "se están afectando los derechos constitucionales a la tierra y territorios que ocupan los miembros de la etnia wichí, a su modo de vida, a la participación en la gestión de los recursos naturales y a un medio ambiente sano".
Los lotes fiscales N° 32 y 33 fueron declarados reserva natural mediante el decreto provincial en 1995, pero en abril pasado, por iniciativa de Romero, la legislatura provincial sancionó una ley para desafectar la reserva natural y autorizar a vender las tierras con fines "productivos".
Esta comunidad wichi, originaria del Chaco Salteño, ha sufrido a lo largo de su historia el destierro y el desarraigo, producto de planes de "desarrollo" que han ignorado los derechos de las minorías culturales y étnicas.
"La reserva es vital para sus habitantes porque en ella pueden cazar, recoger frutos, miel, el chaguar para producir artesanías y la leña seca para cocinar y calentarse en invierno. Si avanza este proyecto de Romero, se van a eliminar los recursos naturales que constituyen su fuente de alimentación y que aseguran su supervivencia", dijo Emiliano Ezcurra, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.
La Constitución Nacional, al igual que la salteña, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. Ello significa que estos pueblos existen con anterioridad a la organización del Estado. Y por este reconocimiento el estado nacional se obliga a protegerlos para asegurar su integridad cultural.
Greenpeace apoya esta medida legal, porque busca proteger este ambiente: "Existen especies en extinción de alto valor social y cultural que se perderían para siempre. Además, la venta de los lotes causará restricciones en la forma de vida tradicional de la comunidad y no se considera el incremento del riesgo de inundaciones o aludes que provocará el desmonte", advirtió Ezcurra.
"Los decretos provinciales para la licitación son inconstitucionales porque no cuentan con un estudio de impacto ambiental y social para prevenir los daños asociados a la instalación de proyectos productivos en 16.000 hectáreas de monte chaqueño", finalizó Duarte.
Ezcurra, por su parte, denunció que "la venta de los lotes fiscales privilegia los intereses económicos actuales sin considerar los daños ambientales y sociales actuales y futuros. Por estos intereses se desconocen derechos indígenas y ambientales que protegen cuestiones fundamentales para una sociedad democrática: la cultura y el medio ambiente".