Noticia - 12 noviembre, 2004
Funcionarios salteños les hicieron firmar un acuerdo que obliga a la comunidad Wichi de la Reserva de Pizarro a renunciar a su reclamo por las tierras que necesitan para vivir. La comunidad reaccionó y denunció el hecho
Integrantes de la etnia wichí, que se resisten a la venta de la Reserva Natural de Pizarro, denunciaron a miembros de Greenpeace en la zona sobre nuevas maniobras del gobierno provincial para engañar a la comunidad indígena y obtener de ella la renuncia a sus tierras.
Durante las últimas horas del pasado martes 3 de noviembre, el ex intendente de la zona, Ernesto Angel Gómez, le pidió a un grupo de miembros de la comunidad que los acompañara en unos vehículos para llevarlos a la cercana localidad de Apolinario Saravia, unos 30 kilómetros al sur de Pizarro, donde se reunirían con funcionarios del gobierno de Salta que les harían una propuesta.
“Los wichís fueron llevados a la casa del pastor evangélico Gabriel Ramos, y allí se los persuadió a firmar una propuesta que contenía una trampa que solo más tarde pudieron dilucidar y remediar. Los wichís son analfabetos y declararon haber sido engañados esa noche”, informó Emiliano Ezcurra, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
El acuerdo que algunos de los wichís firmaron los obliga a “desistir de todos los reclamos y acciones existentes, especialmente la acción de amparo llevada por la comunidad que actualmente se encuentra en la Corte Suprema” salteña. En la propuesta, el gobierno de Juan Carlos Romero le otorga a la comunidad un terreno de 6 mil hectáreas más otras 30 con un pozo, vivero y viviendas.
“La propuesta es claramente una trampa, las 6.000 hectáreas que ofrece el gobierno están en litigio con la provincia de Jujuy, de modo que Romero no puede disponer de ellas a su antojo, además allí viven puesteros criollos y granjeros bolivianos que no están dispuestos a ceder tierras para que viva la comunidad Eben Ezer y por último los terrenos que ofrecen no son aptos ni tienen los recursos que los wichís utilizan para vivir “, declaró Ezcurra coordinador.
Sin embargo, el día jueves 4 de noviembre –luego de comunicarse con su abogado– los wichís firmaron en conjunto un acta revocando lo firmado el martes, y pidiendo la intervención del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) para que quede sin efecto aquel acuerdo.
Por decisión del gobernador Romero, a comienzos de este año se le quitó la jerarquía de área protegida a la Reserva de Pizarro, se la loteó y se vendió. La Reserva es única ya que solo allí está representada la transición de dos ecosistemas: la selva de Yungas al Chaco seco. Además, allí viven campesinos y wichís, quienes nunca fueron consultados ni informados de los planes que el gobierno tiene para la Reserva y dónde prevén re-localizar a los pobladores.
“El acuerdo no tiene sustento jurídico y es en sí mismo una maniobra repudiable. Los derechos que amparan a las comunidades indígenas tienen rango constitucional y ante las chances de que los wichís puedan tener éxito con sus acciones legales el gobierno provincial busca cualquier treta con tal de correrlos del medio y dejar de reclamar tierras que dos empresarios del agro buscan desmontar para hacer grandes monocultivos agrícolas”, prosiguió Ezcurra.
Los integrantes de la comunidad Eben Ezer contaron todo lo ocurrido a Greenpeace el viernes por la tarde durante una visita que realizaron miembros de la entidad ecologista al lugar. Los wichís mostraron su disconformidad con la propuesta porque no fueron debidamente informados de su contenido y así lo dejaron asentado en un acta donde expresan que primero el gobierno debe cumplir con otras promesas incumplidas, que van a mantener su reclamo sobre los terrenos que les corresponden y piden la intervención del INAI.
Recientemente el Instituto de Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) organizó un debate sobre lo controvertida medida de Romero de vender los lotes pertenecientes a la Reserva de Pizarro: en él participaron el cacique de la comunidad Donato Antolín y varios expertos de la universidad, como Héctor Rodríguez, Marta de Viana y Raúl Seggiaro.
Allí el cacique Antolín, declaró que “el gobernador Romero nos mintió y mi comunidad fue trasladada hasta Pizarro en épocas de campaña electoral, para nuestra comunidad el monte es vital”, luego de lo cual el cacique Antolín irrumpió en llanto.
Los expertos de la Universidad de Salta alertaron que “el gobierno cometería el delito de genocidio al privarlos de los recursos para mantener su vida”. Para los científicos de la UNSa “el gobierno prioriza la concentración del territorio y recursos en pocas personas; en segundo lugar el avance de la frontera agropecuaria a expensas del bosque y tercero el endeudamiento y empobrecimiento de la mayor parte de los habitantes”, para sostener sus dichos brindaron datos estadísticos de mortalidad infantil y de aumento de la tasa de desocupación en la zona.
“Desde Greenpeace estamos denunciando y exponiendo el problema del descontrolado avance de los desmontes que amenazan nuestros bosques y que tienen en el caso de Pizarro la más aberrante muestra. El gobierno se ha unido a dos inescrupulosos productores, Manuel Coruel de Tucumán y Manuel Santos Uribelarrea (MSU) de Villas Cañas, Santa Fe, para destruir una Reserva que pertenece a todos los argentinos”, finalizó Ezcurra.