RESPUESTA DE GREENPEACE publicada en Clarín el 2/03/2002, a las afirmaciones del artículo de Julio Orione: "No destruyamos lo que está bien hecho".

Noticia - 4 febrero, 2002

Action at the nuclear power plant at Tihange on the 10th anniversary of the nuclear accident at Chernobyl in the Ukraine.

Un acuerdo nuclear inconstitucional.

En virtud de las opiniones vertidas por el periodista Julio Orione en su artículo "No destruyamos lo que está bien hecho" (Clarín, 23/2/02), es importante que señalemos una cantidad de datos que están equivocados o que directamente no han sido considerados por el autor de la nota.

En primer lugar, se acusa a Greenpeace de realizar una campaña basada en argumentos "artificiosos" contra la venta de un reactor de investigación por parte de INVAP a Australia. Al respecto, vale señalar que uno de nuestros argumentos es, ni más ni menos, el artículo 41 de la Constitución Nacional, al que Orione ignora en su nota de opinión. Pero no sólo lo ignora Orione, obviamente también lo ignoró INVAP cuando asumió el compromiso ante Australia de traer los residuos radiactivos a la Argentina. El citado artículo 41 prohíbe de manera clara y taxativa el ingreso al país de residuos radiactivos. Lo que propone INVAP es ilegal.

El artículo señala que la posibilidad de que eso ocurra es "remota". Otro error: los actuales contratos que Australia posee para enviar residuos radiactivos a Francia difícilmente se apliquen para el nuevo reactor. Son muchos los dirigentes políticos australianos que lo dicen con claridad: los residuos no irán a Francia, sino a Argentina.

Más aún, aquí cabe preguntarse por qué el Congreso Nacional está debatiendo un acuerdo bilateral con Australia cuando el contrato comercial de INVAP hace ya casi dos años fue firmado. La respuesta es que la ilegalidad de la operación se descubrió luego de la firma, porque INVAP lo ocultó, y porque entonces el gobierno australiano comenzó a reclamar un respaldo del Estado argentino al compromiso adquirido por INVAP. Así es cómo durante el año pasado se negoció este acuerdo, que de ratificarse, llevará tranquilidad a Australia de que INVAP podrá traer los residuos y que la Argentina ignorará su propia Constitución. En ese debate está ahora la Cámara de Diputados. Si la operación de INVAP fuese legal, no habría necesidad de tal acuerdo.

También vale recordar que, de aprobarse, se plasmará un acuerdo internacional que viola la prohibición establecida en el artículo 41 de la Constitución. Esa situación abre la puerta a la importación de residuos nucleares a la Argentina, iniciativa a la que INVAP siempre alentó de manera expresa y a la que la Asamblea Constituyente de 1994 le había cerrado el paso.

También se busca desdramatizar la operación, minimizando los riesgos que ella implica. Australia no la minimiza: por eso no quiere saber nada con ese tipo de procesos en su territorio. Las plantas europeas de procesamiento de combustible nuclear, en Francia y en el Reino Unido, han sido conminadas a cerrar sus actividades por el resto de los países europeos.

Vale agregar que, además del riesgo radiológico, dicha operación significa también asumir el riesgo de estar bajo la mira del terrorismo internacional. Este elemento no es remoto, ya que la actividad nuclear australiana ya lo estuvo. La policía neocelandesa desbarató, en agosto de 2000, un plan para atacar el reactor nuclear de Lucas Heights, en Australia, durante la olimpíadas de ese año. Ese reactor es el que será reemplazado por INVAP.

En relación a supuestas denuncias de Greenpeace acerca de haberse instalado un basurero nuclear en Chubut, suponemos que el autor se confunde de organización o de denuncia, ya que nunca existió algo así. Lo que sí existió es el proyecto del basurero nuclear dentro del Plan Nuclear Argentino, diseñado por el proceso militar, que sobrevivió durante la democracia y que fue proyectado en Gastre, Chubut. Su definitiva cancelación se dio recién en 1997. Entre otras razones, por la oposición de la población, partidos políticos y organizaciones de todo tipo, de la Patagonia y del país.

Por último, Orione le propone al Congreso Argentino que investigue a Greenpeace: no hay problemas, nuestras cuentas son conocidas y abiertas, nuestras actividades son públicas y frontales. No tenemos nada que ocultar. Por el contrario, INVAP tiene muchas cosas que ocultó y oculta. En este caso específico, ocultó la cláusula de los residuos a la opinión pública y a funcionarios nacionales. Mantiene en secreto su contrato comercial. En el acuerdo con Australia se habla de que la Argentina podría proponer hacer "reprocesamiento" y varios funcionarios australianos también lo mencionan. ¿Quién sabe qué dice el contrato en relación a la obtención de plutonio?

El secretismo y el ocultamiento de información es una constante en toda la trayectoria de INVAP: hay que recordar su más espectacular operación clandestina, como fue el desarrollo durante toda la dictadura militar de la planta secreta de Pilcaniyeu (Río Negro), la cual además de demandar cientos de millones de dólares, nunca produjo un solo kilogramo de uranio enriquecido. En escándalos como ése es donde habría mucho para investigar acerca de la responsabilidad y transparencia de funcionarios y técnicos que aún hoy están en la conducción de ese organismo.

El artículo, finalmente, pone en duda el "interés" que motoriza las campañas de Greenpeace. No son otros que la defensa del medioambiente, de manera clara y con absoluta independencia política y económica de todo grupo de poder.

Juan Carlos Villalonga
Coordinador Energía
Greenpeace Argentina