Foto: ©Greenpeace

En la fría ciudad de Puerto Montt, el lunes pasado la Corte de Apelaciones decidió felizmente dar curso a tres recursos de protección contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, a menos de un mes de que se aprobará HidroAysén por medio de la resolución exenta 231.

El más importante de estos recursos legales fue el que dio orden de no innovar, la cual frena de manera total el proceso de evaluación ambiental, incluido los reclamos ante el Consejo de Ministros que vencía a mediados de esta semana.

Hay que recordar que estas acciones legales fueron el esfuerzo conjunto y bajo un sólo objetivo, de varias organizaciones medioambientales, parlamentarios y autoridades locales.

Esto asegura que durante, al menos los próximos 3 meses, se avance en las investigaciones sobre las irregularidades que se denunciaron en relación a la evaluación y aprobación del proyecto de mega represas.

El tiempo que se ganó (y esperando que la justicia determine finalmente los nuevos plazos) permite que las audiencias que se están desarrollando en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados (la cual está recibiendo información sobre varias irregularidades en la evaluación del estudio de impactos ambientales) pueda seguir su trabajo sin tener la presión de la decisión del Consejo de Ministros.

Esta contraofensiva de la sociedad civil organizada desmiente el mito impulsado por la empresa que de este proyecto era casi un hecho y comprueba lo que muchos ya sabíamos. Hay una intención orquestada en el gobierno –actual y anterior- en apoyar a cómo sea lugar su aprobación.

Lo cierto es que la corte de Puerto Montt le podría estar facilitando la tarea al Gobierno, puesto que el poder judicial podría convertirse en el que realmente devuelva la confianza en las instituciones públicas. De otra manera, la única solución es que el Consejo de Ministros haga una especie de mea culpa, y determine que el proyecto no debió haber sido aprobado (impulsado) por este Gobierno.

Ambas partes han señalado que seguirán las batallas legales en diferentes escenarios, después de que se consolidaran las inéditas convocatorias y movilizaciones, las que implicaron cambiar a un país que nunca había considerado temas ligados al futuro del desarrollo de las opciones energéticas y las implicancias nacionales de los megaproyectos.

El nuevo escenario es sin duda judicial, pero aún hay que ver qué posible influencia tendrá en la presentación de la ‘otra parte’ del proyecto: las líneas de transmisión. El cual deberá ser evaluado no por una región, sino por el poder central.

Considerando el escenario de la construcción de las 5 represas aún sin ningún obstáculo legal, la primera de éstas podría estar operativa el 2019, y las restantes el 2025. Por lo que aún hay mucha agua –sin represas- que debe correr antes de que este proyecto se materialice. Todavía hay tiempo entonces de avanzar en las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y para el 2020 contar con el 20% de estas fuentes energía como parte de la matriz energética, que por lo demás es el compromiso por parte de nuestro país ante la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas.