“La Madre Tierra, militarizada, cercada, envenenada, [...] nos exige actuar”, dijo la activista ambiental hondureña Berta Cáceres en uno de sus últimos discursos. Y el 2 de marzo del año pasado hombres armados entraron en su casa a la noche y la mataron a tiros. ¿Por qué? Por su campaña en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca y porque defender el planeta en Honduras cuesta la vida.  

 

"Mi mamá fue una mujer nacida en el pueblo Lenca que ha sido asesinada por no estar dispuesta a que el color verde de nuestras montañas, que el sonido puro y espiritual de nuestros ríos, que el canto armonizador de los pájaros desaparezca, por ser firme y entender lo profundo y lo que nos comunica nuestra naturaleza", dijo Salvador Zuniga Cáceres, hijo de Berta. Su madre lideraba un movimiento en defensa del territorio del pueblo Lenca y luchaba para que no se construya una represa hidroeléctrica en  el río Gualcarque, sagrado para la comunidad. Ella, su familia y otros activistas ambientales integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), habían sido amenazados muchas veces por esta lucha, pero nadie hizo nada para protegerlos. Y a Berta finalmente la mataron. Desde Greenpeace iniciamos una campaña para pedir el cierre del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, exigir justicia por Berta y reclamar por una Comisión Independiente que esclarezca el asesinato que hoy, a casi un año de ocurrido, no ha sido resuelto.

En su último informe, la organización Global Witness reveló que Honduras es el lugar más peligroso para defender el planeta: desde 2009 fueron asesinados 123 activistas que luchaban por la tierra y el medioambiente. Entre ellos está Berta.

Los proyectos mineros, agroindustriales y energéticos son los pilares de la economía de Honduras. Pero el problema principal es que se redujeron los controles ambientales, se privatizaron los recursos hídricos y se pasó por alto a las comunidades. No se cumple el derecho de los pueblos de ser consultados por el uso de sus recursos naturales. Por el contrario, se los amenaza y, si no ceden, se los mata. Y, como si esto fuera poco, las investigaciones de los asesinatos nunca se resuelven por la corrupción y el encubrimiento.

Estados Unidos y otros países canalizan dinero hacia Honduras a través de paquetes de ayuda que se usa para financiar a los proyectos económicos que ponen en peligro la vida de los activistas ambientales. Es un círculo vicioso: Estados Unidos financia a instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Financiera Internacional que son los que invierten en infraestructura y proyectos hidroeléctricos en Honduras. Para que esos proyectos se lleven adelante es necesario que nadie se interponga y, si las comunidades lo hacen, se las amenaza y mata para que dejen de hacerlo. En teoría el 50 % de la financiación directa de Estados Unidos al Gobierno de Honduras está condicionada a que el país cumpla sus obligaciones de derechos humanos, lo que incluye permitir que los activistas “operen sin interferencias” . Pero esto no ocurre: nadie protege a los activistas ambientales. Y, a pesar de las muertes, Estados Unidos sigue aprobando el desembolso de fondos para Honduras.

Esta situación no solo se da en Honduras sino que se replica en el resto de Latinoamérica. El caso de Berta Cáceres es representativo de la criminalización y persecución que sufren los defensores del medioambiente y los derechos humanos en América Latina.  

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