Los últimos avances en materia de cuotas de captura han sido importantes, pero queda mucho trabajo por hacer. ©Greenpeace/Gavin Newman
Hay una relación directa entre las leyes que nos hemos dado y la devastación de nuestros mares: Chile se encuentra dentro del top 5 de las naciones pesqueras por su nivel de captura, la cual ha sido determinada por el Consejo Nacional de Pesca, desde que se creó por la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA N° 19.713).
La semana pasada, el Consejo Nacional de Pesca (CNP) dio un paso distinto a lo que había sido su historia de gestión pesquera: redujo por primera vez las cuotas de pesca de diversas pesquerías, tal y como lo pidió la Subsecretaría de Pesca.
Este, quizás por obra de la desesperación, vino a ser el primer esfuerzo serio de conservación de los recursos marinos nacionales, debido a la grave situación que las pesquerías Chilenas están sufriendo. De hecho, el 40% de las pesquerías comerciales que se estudiaron este año por el Ministerio de Economía se encuentran sobre-explotadas.(1)
Las capturas, especialmente del Jurel, que tenían una cuota 2010 de 1,3 millones de toneladas, fueron reducidas a tan sólo 315.000 toneladas y la clásica merluza común, nuestra 'pescada', fue reducida de 55.000 toneladas a 48.000 toneladas para el 2011.
Las reducciones son el resultado de la pésima gestión demostrada por el propio CNP, que había estado aprobando cuotas de pesca por sobre lo recomendado por los consejos científicos. Esta tendencia, que fue largamente denunciada por Greenpeace en diversos foros, tuvo su mayor evidencia al comprobarse, mediante un estudio de Carlos Leal et al, que el Consejo no había reducido nunca las cuotas(2). Al revés, privilegió siempre el bolsillo de la industria pesquera en desmedro de los recursos, de la pesca artesanal y de la sustentabilidad del empleo.
Esta situación, que se refleja en la captura de los que tienen menos capacidad y que hoy provocará que se pierdan entre 1.000 y 2.000 empleos de las plantas de procesamiento (3), es el resultado de una gestión pesquera hecha para privilegiar el interés comercial de algunos, sin tomar en cuenta la capacidad de recuperación de las poblaciones de peces.
Pero, como en muchas cosas en Chile, debemos aprender a la fuerza. Las proyecciones dicen que se debe mantener esta cuota al menos por cinco años para dar una oportunidad de recuperación. Incluso es para el delegado científico por designación presidencial en el CNP, Eduardo Tarifeño, dijo en una declaración de prensa que "para producir una verdadera recuperación de la biomasa se debiera dictar una veda de extracción de tres años a cinco años para los recursos en mayor crisis, como lo son el jurel, anchoveta y merluza común. Esto permitirá la recuperación de las biomasas por sus propios mecanismos biológicos bajo las condiciones ambientales imperantes, que cada día son más difíciles de predecir".
En Cali, Colombia, a fines de enero, se reunirán los países que han estado negociando la creación de la “Convención sobre la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Pacífico Sur”, la cual es estratégicamente importante para el país, porque se negocian las condiciones de captura de la principal pesquería de Chile, el Jurel, la que además se encuentra gravemente sobre-explotada. El Gobierno deberá convencer a estos países de reducir las cuotas de captura en aguas internacionales.
Descrito el desastre en que nos encontramos, resulta paradójico que el actual marco normativo-legal de la administración pesquera sea la respuesta a la crisis del jurel a finales de los 90, y que después de casi 10 años, estemos con una situación muy similar. La ley de LMCA termina su vigencia el 31 de diciembre de 2012, por lo tanto se abre una oportunidad valiosísima de limitar el mandato de este consejo. En ninguna parte del mundo donde impera el sentido común, se permite que mediante una ley, tengamos una situación parecida a cuando “se deja al gato a cargo de la carnicería”.
Es evidente: la mirada que se ha tenido en relación a la gestión pesquera nacional ha fracasado. Es necesario que se cuente con miradas que den cuenta de las complejas relaciones en el ecosistema y que incorporen visiones preventivas y de largo plazo. De otra manera, seguirá esta montaña rusa que pone el peligro la economía nacional, local y a los ecosistemas marinos.
Notas:
(1) El Ministro de Economía presentó el informe de la situación actual del Jurel en Septiembre de 2010. El estudio “PESQUERIAS NACIONALES ASPECTOS BIOLOGICO-PESQUEROS Septiembre, 2010”. El informe técnico Nº117/2009 de la Subsecretaría de Pesca, dio cuenta del diagnóstico actualizado del jurel, del cual es posible destacar lo siguiente:
- La biomasa total (5,6mill.) y desovante (2,2mill.) muestran una declinación desde 2003 a la fecha.
- Los reclutamientos muestran una clara tendencia a la disminución en los últimos 6 años.
- La Razón del potencial desovante muestra la misma tendencia de la biomasa desovante descrita anteriormente, con una tendencia declinante, alcanzando en la actualidad el umbral crítico de 0.2.
- Desde el 2001 al 2007, no se generaron excedentes productivos, debido a los elevados niveles de captura, tanto nacionales como de la flota extranjera que operan en la alta mar adyacente a la Zona Económica Exclusiva chilena.
- Los niveles de mortalidad por pesca en los últimos años, han sobrepasado el nivel precautorio.
(2) El estudio de Carlos Leal et al, demostró que el Consejo Nacional de Pesca nunca a votado por la disminución de las cuotas de pesca. (Carlos P. Leal, Renato A. Quiñones, Carlos Chávez ¿Qué factores afectan el proceso de toma de decisiones cuando se establecen las Cuotas Globales de Captura?, Marine Policy 34: 1183–1195.)
(3) “el gerente general de la Asipes, Luis Felipe Moncada, apuntó al número de desempleos que generaría la baja de cuotas de pesca, "el subsecretario de Pesca ha hablado de 1.000, y nosotros aún no hemos definido la cifra. Estimativamente, pueden ser entre 1.000 y 2.000, según el número de plantas y barcos que queden funcionando”