Durante estos días, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por el senador Juan Pablo Letelier, deberá conocer el proceso de ratificación de la “Convención para el Manejo y Conservación para los recursos Pesqueros de Alta Mar en el Pacífico Sur”, nombre largo, pero con un objetivo muy claro e imprescindible: regular la actividad pesquera de los países en la región.
El principal desafío de esta convención es devolver la capacidad de recuperación a las pesquerías que se encuentran sobreexplotadas, entre ellas el Jurel, que hasta hace un par de años era la más importante de Chile.
Pero no todo es Jurel. Esta convención regulará todas las especies que hoy no tienen otro cuerpo internacional que las regule. Estamos hablando de aquellas que se encuentren en el área de la convención, incluyendo moluscos y crustáceos, y también otras especies marinas vivas que sean decididas por las partes. Sólo quedan excluidas las especies altamente migratorias listadas en el Anexo 1 de la Convención sobre el Derecho del Mar (Convemar) de 1982, como los atunes y las ballenas.
La convención que regulará el "océano más grande del mundo", desde Chile a Australia y desde la línea del Ecuador a la Antártida, debe ser ratificada por tres países de aguas distantes y tres costeros que representen ambos lados del Pacífico.
Chile, que fue patrocinador de esta convención internacional con Australia y Nueva Zelanda, está ad portas de convertir este anhelo en realidad, puesto que si el Senado aprueba la Convención, ésta entrará en vigencia treinta días después de ser informada la Secretaria en Nueva Zelanda.
Dada la importancia de lo que está en juego, preocupan los evidentes intentos retardatarios de algunos sectores de la pesca industrial. Lo hacen sin dar explicaciones de peso. Uno de sus balbuceos, quizás el principal, es que las medidas interinas – o sea voluntarias- no han sido capaces de evitar que se pesque por sobre las recomendaciones científicas acordadas. Esta situación se dio especialmente por Perú y Ecuador el año 2011, los cuales, argumentando que dichas medidas son sólo para aguas internacionales, no han hecho esfuerzos de reducción de cuotas que permitan coherencia con las medidas tomadas en alta mar.
Sin embargo, esta situación, que es cierta, no cambia en absoluto la necesidad de que esta Convención se apruebe.
Perú, por ejemplo no ha firmado la Convemar, la que señala en su Artículo 63 que, en el caso de Chile y Perú, que comparten el recurso Jurel, se deben buscar “las medidas necesarias para coordinar y asegurar la conservación y el desarrollo de dichas poblaciones”. Precisamente por la incapacidad de usar la Convemar para dichos objetivos, se hace más necesario contar con la Convención: Perú estará expuesto a sanciones si no hace coherentes sus medidas internas con las comprometidas en aguas internacionales.
Otro argumento de la industria es que a través de esta convención se permitiría la entrada de naves extranjeras a pescar en la Zona Económica Exclusiva. Sin embargo, Chile ratificó la Convemar (Parte XI) y en ella no se establece dicho acceso; por el contrario, consagra el derecho del país costero a limitar cualquier acceso a su ZEE. La única posibilidad sería es que existieran excedentes de pesca, algo improbable por el daño que la sobrexplotación ha producido en las pesquerías nacionales.
En resumen, ante la debilidad de estos argumentos, queda más clara la necesidad de que el Senado ratifique la Convención para asegurar la recuperación de las pesquerías y asegurar el empleo, el manejo y conservación de los recursos. Ya no hay excusas para avalar la sobrexplotación del Pacífico Sur.
