Desde el año 2006, las cuotas de pesca no se alcanzan a capturar debido a que el 70% de las pesquerías se encuentran sobre explotadas por haber ignorado las recomendaciones científicas.
Las indicaciones presentadas por Greenpeace y apoyadas por miles de ciudadanos para la modificación del proyecto de “Ley de Pesca” favorecen a la sustentabilidad ambiental, toda vez que hacen que la ley realmente busque la conservación del recurso como objetivo básico. El trabajo detrás de esta iniciativa es fundamental para garantizar que quienes dependen del recurso de manera directa tengan oportunidades en el futuro. No obstante, señalamos que las indicaciones que presentamos como organización, no agotan -ni pretenden hacerlo- el debate alrededor de los cambios necesarios en el proyecto.
Como premisa básica, Greenpeace ha defendido que las decisiones de administración sean tomadas en concordancia con el Principio Precautorio y el enfoque ecosistémico; la transparencia en la toma de decisiones y en la determinación de la cuota. Asimismo hemos recomendado que la ley tenga una evaluación quinquenal de su eficiencia y de la implementación de las medidas de conservación y administración. El avance más significativo en este punto es haber llegado a las puertas del Senado con un proyecto de ley que, modificado, establece que a partir del año 2013, las cuotas estarán determinadas estrictamente por los científicos, quienes tendrán –por primera vez-información suficiente para trabajar, cambio que va un paso mayúsculo hacia la recuperación de las pesquerías chilenas. Antes de esta modificación, la captura total estuvo en manos de la propia industria.
Si bien la discusión pública se ha enfocado en los legítimos derechos de quienes han participado históricamente de esta actividad, y en las oportunidades de desarrollo que esta ley significa para comunidades locales costeras, no es posible olvidar que para discutir sobre el recurso es premisa básica contar con él. No obstante, en ningún caso, defender la regulación respecto del recurso impide un acuerdo social público y transparente que integre una dimensión de equidad y justicia social, urgente en un país marcado por desigualdades.
La forma de asignación de cuotas no puede bajo ningún punto de vista poner en riesgo los planes de recuperación de las pesquerías hoy sobre explotadas. Una industria regulada por lineamientos que fomentan la sobre explotación, la captura indiscriminada y la competencia entre comunidades, es inaceptable.
Las demandas sociales de los pescadores, en consecuencia, tienen una oportunidad urgente de ser atendidas, una vez que las modificaciones al texto garantizan la sustentabilidad del recurso, que insistimos debe ser asegurada basando el manejo pesquero en una visión basada en la recuperación de corto y mediano plazo, la que incluye poner especial atención al manejo de hábitats esenciales, el uso seguro de niveles de biomasa mínimo, la incorporación de controles y mecanismos de transparencia, entre otros. Todas estas medidas deben ser apoyadas por la instauración de largas redes de zonas protegidas, las que puedan lidiar con los efectos de la sobre explotación, para permitir la recuperación y terminar con la incertidumbre del uso del actual modelo de asignación. Estas medidas deben ser diseñadas para permitir objetivos económicos y de conservación.
La sobreexplotacion de los recursos, tiene innegables efectos sociales, ambientales y económicos, dentro de los cuales se encuentran, la agudización de la pobreza, pérdida de cultura y tradición, en materia ambiental, se producen dinámicas que alteran la recuperación de las poblaciones de peces, no sólo la de especie que se quiere capturar, sino que también sobre todo la cadena trófica, y el país y la gente ligada a la pesca dejan de obtener divisas por la falta de materia prima para la venta de sus productos y la elaboración de productos con valor agregado.
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