En estas semanas se está llevando a cabo un arduo debate sobre la fórmula de la asignación de las cuotas globales de captura y si éstas deberían seguir o no el modelo actual de asignación que fraccionó las cuotas por cada pesquería en un porcentaje para la pesca industrial y el otro para la pesca artesanal.
El debate se ha centrado prácticamente de manera absoluta en si la asignación será a los mismos que han desarrollado la pesca o se establecen modelos de asignación que permitan la entrada de nuevos actores. En otras palabras si se abre la posibilidad a que un porcentaje de la cuota se licita o no, puesto que la fórmula actual es de asignación a cada armador.
El Ministerio de Economía, a través del Subsecretario de Pesca, ha iniciado una mesa de trabajo que tiene entre sus miembros a representantes del sector industrial y el artesanal; las empresas que están abogando por las licitaciones; más un par de personas que han sido seleccionadas desde el Consejo Nacional de Pesca (CNP).
Esta mesa tiene el único objetivo de repartirse la torta, sin mirar las medidas de conservación que se necesitan para recuperar el ‘negocio’ puesto que lo que ha señalado el Ministerio cómo meta es justamente el que se logre acuerdo para evitar la licitación como medida de asignación.
Desde Greenpeace nos parece que esta mesa no representa una nueva mirada que solucione y de sustentabilidad al sector, puesto que no hay representantes que aboguen por el futuro del recurso; es simplemente una mesa para asegurar el negocio a quién se siente en ella.
Lo que más nos sorprende es que varios personeros de la industria pesquera han señalado que es necesario considerar la conservación de los recursos cómo tema dentro de esta mesa, pero son los mismos que han sido los responsables de la actual crisis los que están negociando el futuro de las pesquerías nacionales.
Dudamos, por tanto, que sean sólo ellos los que resuelvan la crisis. La mesa de negociación debe ampliarse a otros sectores de la sociedad que han estado preocupados del futuro pesquero nacional, tales son la academia y las ONGs, que no tienen otro interés que el desarrollo sustentable del sector y no una parte del botín.
Cuando hablamos de sustentabilidad pesquera debemos ampliar la mirada porque son tres los ejes centrales que hay que considerar: una es la asignación de la cuota, pero ésta está siempre ligada a lo que hay en el mar, por lo tanto, cualquier fórmula que se adopte, debe tratar de contar con la mayor certeza posible en relación a la cantidad de recursos que se van a explotar. Esta premisa vale tanto para la subasta o para el beneficiario de la designación de la cuota.
Entonces, mucho antes de ponerse de acuerdo quién se queda con la cuota, hay que acordar cómo nos aseguramos de contar efectivamente con la cuota que se desea.
Para Greenpeace ése es el tema central de esta discusión y el nuevo régimen de pesca, por eso exigimos que la cuota global anual para cada pesquería deba ser determinada de forma vinculante a la propuesta proveniente de los estudios científicos, siendo esta recomendación el techo de la cuota global anual de captura, propuesta que por lo demás es apoyada en su nueva política pesquera por la Comunidad Europea. De esta manera nos aseguramos que no se pescará más allá de los niveles de pesca sustentables.
La segunda arista de esta sustentabilidad pesquera es el acceso que se debe tener al negocio pesquero. Nuestra visión es que ambas fórmulas de asignación pueden co-existir de manera de crear incentivos a la mejora de las captura minimizando los impactos ambientales.
No reconocemos la tenencia de la cuota ni un porcentaje que le pertenezca a alguien por un determinado marco de tiempo. Lo que sí reconocemos son los derechos de pesca otorgados. La política pública debe estar diseñada para asegurar que los recursos sigan en nuestros océanos para su provecho, pero no para asegurar un negocio a un particular.
Y tercero, es la forma es que se pescan los recursos. En Greenpeace estamos convencidos de que hay técnicas pesqueras que deben desaparecer por sus altos impactos en los ecosistemas, en la economía nacional y que además agudizan y crean impactos sociales en las comunidades a lo largo de nuestro país.
La asignación de la cuota, por lo tanto, es sólo una pequeña parte para lograr las sustentabilidad pesquera que nos saque de la actual crisis que tiene al 40% de las pesquerías sobreexplotadas, situación que está afectando a miles de personas y los ecosistemas marinos.