Noticia - 14 septiembre, 2018
Bogotá, 14 de septiembre de 2018 - En vísperas del comienzo del juicio por el asesinato de Berta Cáceres el próximo lunes 17 de septiembre en Tegucigalpa (Honduras), que durará hasta el 19 de octubre, Greenpeace demanda un juicio justo y ejemplarizante para los responsables del asesinato de esta activista hondureña y la tentativa de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro. Greenpeace, en apoyo a la ONG a la que pertenecía Cáceres, COPINH, exige que también se persiga y enjuicie a las personas que ordenaron y planificaron este crimen.
El juicio por el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres comienza el próximo lunes 17 de septiembre en Tegucigalpa y durará hasta el 19 de octubre
El asesinato de la líder indígena en la noche del 2 de marzo de 2016 se produjo en Honduras como consecuencia de su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque, aprobado en 2013 y que atenta contra la supervivencia de la comunidad indígena Lenca, a la que Berta pertenecía. Ella y la organización que coordinaba (COPINH, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) fueron sus principales opositores.
“Reclamamos justicia para Berta, y una sentencia que contemple todo el proceso de criminalización por parte de quienes planificaron y ordenaron el asesinato, que aún están libres. Berta fue un ejemplo para todos los que trabajamos para cuidar el planeta. Su lucha es la guía de muchos activistas que continúan denunciando los delitos ambientales en el mundo”, dijo Leonel Mingo, miembro del área de campañas de Greenpeace Andino.
Tras el arresto de los sicarios, en noviembre de 2017 el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) hizo público un informe donde relataba los resultados del análisis de los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, imágenes y otras pruebas en los teléfonos de las personas imputadas. El informe concluía que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres había comenzado ya en noviembre de 2015. Además, el análisis de GAIPE concluye que tanto la empresa de seguridad de la compañía constructora del proyecto (DESA, Desarrollos Energéticos S.A.), como las autoridades hondureñas y las entidades financiadoras jugaron un papel en la trama que acabó con su vida.
El pasado julio Global Witness presentó su informe anual “¿A qué precio?”, que recoge el asesinato durante 2017 de, al menos, 207 personas en todo el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medioambiente. Durante el año pasado aumentaron significativamente los asesinatos relacionados con la agricultura y el acaparamiento de tierras para cultivos como el aceite de palma, destinados al comercio de productos de consumo y uso diario. Según la organización, la cifra real de asesinatos es seguramente mayor.