Noticia - 5 diciembre, 2017
Bogotá, 5 de diciembre de 2017.- Con la exposición de un reloj de más de 2 metros de altura y el lema que lo acompañaba, “Senadores: ¡Ya es hora! Colombia sin asbesto”, los activistas de la organización ambientalista Greenpeace exigieron una vez más a los representantes del Senado que voten a favor de la sanción del proyecto de ley “Ana Cecilia Niño”, que pretende liberar al país de esta fibra.
Según un reciente informe de la ONG, Colombia consume 24 mil toneladas de esta fibra al año.
Según un reciente informe de la ONG, el país, que es el sexto productor de asbesto en el mundo, consume 24 mil toneladas de esta fibra al año, lo que equivale a medio kilo por cada colombiano.
“Colombia, de manera inexplicable y en sentido contrario a lo que sucede en el resto del mundo, donde la mortal fibra ha sido prohibida por un número creciente de países, continúa invirtiendo en asbesto. Nuestra tasa de consumo es altísima y equivale a que cada colombiano tenga a su disposición medio kilo de veneno por año. El asunto se ha convertido en un problema de salud pública. Es inaceptable que más de 300 colombianos mueran al año por enfermedades relacionadas con esta fibra”, señaló Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace Colombia.
Juan Pablo Ramos, profesor de la Universidad de los Andes, consideró en relación a los efectos del asbesto: “Es un mineral extremadamente peligroso, y todas sus variedades, incluyendo el crisotilo, son cancerígenas. La decisión lógica en política pública debería ser prohibir esta fibra, porque eliminarla es técnica y económicamente viable. No prohibir el asbesto sería absurdo, e iría en contra de los intereses de la gran mayoría de colombianos”.
“La prohibición del asbesto se ha convertido en una lucha de todos los colombianos, por ello debemos seguir exigiendo a los senadores por la aprobación del proyecto de ley Ana Cecilia Niño”, sostuvo Daniel Pineda, representante del movimiento Colombia sin Asbesto.
La iniciativa, que ya tuvo una primera aprobación en la Comisión Séptima del Senado, y por el cual se realizó una audiencia pública con las partes involucradas, deberá enfrentar nuevas instancias parlamentarias para su aprobación.