Greenpeace ha analizado aquellos sectores con mayor potencial de causar daños al medio ambiente o los derechos humanos (como los hidrocarburos, la electricidad, la pesca o el turismo, entre otros) y los ha “cruzado” con la presencia de empresas españolas significativas.
Del análisis de estas dos variables salen 43 casos que son recogidos en el informe, aunque el número real puede ser mucho mayor. Este informe ha sido realizado por Greenpeace España, con el apoyo de las oficinas de la organización en México, Brasil, Chile y Argentina, así como de otras organizaciones latinoamericanas, y recoge cómo empresas españolas están involucradas en situaciones de destrucción del medio natural, violaciones de derechos humanos y abusos laborales.
Greenpeace quiere contribuir a poner fin a una de las principales ventajas que tienen estas empresas a la hora de operar: el hecho de que las poblaciones de sus países de origen saben muy poco sobre cuáles sus actividades reales en el exterior y su impacto. Esto les permite “vender” una imagen responsable y sostenible, mientras en realidad sus prácticas son depredadoras y causan graves daños en las poblaciones locales o el medio ambiente. “Queremos contar aquello que no se dice en las juntas de accionistas ni en la publicidad de estas empresas, y que la población española sepa cómo actúan al otro lado del Atlántico”, ha afirmado Mabel González, responsable de la campaña de conflictos y medio ambiente.
España se situó en el año 2008 como el octavo país del mundo en el ranking de Inversión Extranjera Directa (IED), y 11 multinacionales españolas figuran en la lista Fortune Global 500, que clasifica a las mayores del mundo. Su llegada a América Latina se produjo de forma masiva en los años ochenta y sobre todo noventa. Hoy ocupan los primeros puestos, cuando no el primero, en muchos países latinoamericanos, en sectores como los hidrocarburos, la electricidad, el turismo y la pesca, entre otros.
Sus actividades han sido objeto de frecuentes críticas y resistencias locales. El informe “Los nuevos conquistadores” recoge los principales casos, centrándose en aquellos donde las empresas españolas tienen un protagonismo importante y en sectores donde se causan graves daños al medio ambiente y los derechos humanos. Algunos ejemplos son los siguientes:
- Endesa quiere construir en la Patagonia chilena cinco grandes represas que arrasarán un ecosistema virgen y que han suscitado un gran rechazo local. Recientemente ha pedido más de 14 años de cárcel y multas millonarias para activistas de Greenpeace que desplegaron una pancarta pidiéndole poner fin a este proyecto.
- Endesa, Unión Fenosa e Iberdrola apuestan en América Latina por la generación de energía sucia y basada en fuentes no renovables. Unión Fenosa e Iberdrola encabezan un proyecto para construir cinco centrales eléctricas de carbón en Guatemala.
- Repsol ha causado vertidos y graves daños al medio ambiente en Ecuador, Argentina y Bolivia, ha violado los derechos de comunidades indígenas, y ha sido acusada de fomentar la violencia en Colombia.
- Empresas turísticas españolas están fomentando en varios países, pero especialmente en México, un modelo de turismo depredador que arrasa con bosques de manglares costeros y con zonas vírgenes. Sol Meliá, Riu o NH, entre otras, participan en proyectos controvertidos en el estado de Quintana Roo.
- Pescanova ha practicado la sobre-explotación de recursos pesqueros en Chile, mientras Calvo ha sido acusada de contaminación y de violación de los derechos laborales en El Salvador.
En el caso de Colombia, por ejemplo, Repsol ha sido acusada por Amnistía Internacional de financiar unidades militares para proteger sus instalaciones a pesar de su largo historial de abusos y violaciones de los derechos humanos.
La entrada en Colombia se produjo a principios de los años 90, aunque hasta finales de la década no comenzó su verdadera expansión en el país. En 2007 produjo 2,3 millones de barriles de petróleo, y tenía unas reservas probadas netas de 4,5 millones. La principal área de operación de Repsol en Colombia es el departamento de Arauca, donde opera de forma asociada con la empresa pública Ecopetrol, junto con la estadounidense Oxy. También en solitario.
Su entrada en algunas zonas como el bloque Capachos tuvo lugar justo después de que llegaran de forma masiva grupos paramilitares, con amenazas hacia la población civil y desplazamiento de población. A partir de sus operaciones en Caño Limón, el medio ambiente de la zona ha quedado degradado, con la destrucción de ecosistemas y de los medios de subsistencia de miles de familias. A pesar de la oposición de las comunidades, también ha venido operando en territorios indígenas, especialmente de los U’wa y los guhaibos.
Las multinacionales españolas que operan en Colombia y otros países de América Latina no actúan de forma diferente a las de otros países. Siguen un modelo de obtención de máximos beneficios en el plazo de tiempo más breve posible, y lo hacen en muchas ocasiones vulnerando derechos medioambientales, sociales y laborales, mediante la presión a autoridades locales. Los Gobiernos españoles, de cualquier color político, las apoyan activamente con el argumento de que se trata de una defensa de los intereses españoles en el exterior. Pero estas empresas sólo representan los intereses de sus accionistas, y con sus prácticas han contribuido a empeorar la imagen global de España en América Latina.
Greenpeace considera que, si las grandes empresas españolas quieren ser entidades social y ambientalmente responsables, deben poner fin a las prácticas abusivas en el exterior y ser más coherentes en su discurso de responsabilidad. “Hay que poner fin a modelos de gestión que sólo buscan máximos beneficios a corto plazo, sin tener en cuenta los impactos sociales y medioambientales de su actividad. Tampoco pueden seguir engañando a la opinión pública española sobre sus prácticas en el exterior”, ha señalado Mario Rodríguez, director de Campañas de Greenpeace.
A la vez, el Gobierno español debe exigir a las empresas españolas que operan en otros países que cumplan los principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos, medio ambiente y buen gobierno. “La concesión de ayudas o apoyo público para su expansión exterior debe estar ligada a exigencias y parámetros claros de responsabilidad. No se puede fomentar desde el Estado un comportamiento depredador con las poblaciones locales y el medio ambiente”, concluyó Mabel González, responsable de la campaña de conflictos y medio ambiente.
Notas
(1) Para descargar el informe “Los nuevos conquistadores”. Multinacionales españolas en América Latina, haz click aquí.
(2) Dossier de prensa: http://www.greenpeace.org/espana/reports/dossier-de-prensa-informe-los
(3) Más información: http://www.greenpeace.org/espana/
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