Pagar con su libertad, la cárcel y ser criminalizados es parte del precio que al parecer están teniendo que pagar los activistas por defender el medio ambiente.

Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) es un activista ambiental, compañero de Greenpeace en la defensa de los derechos ambientales y sociales de las comunidades, un referente en el estado de Guerrero en la lucha comunitaria y hoy está detenido y encarcelado bajo un proceso a todas luces irregular.

Desde el inicio de su activismo en el año 2003 ha habido varios intentos por privarlo de su libertad  pero nunca se han probado los elementos del delito. Entre sus motivos de lucha, actualmente Marco intenta detener la explotación indiscriminada de material pétreo de  terrenos ocupados de manera ilegal por quienes están explotando estos recursos. “Coincide” con que ahora Marco está  acusado entre otras cosas de despojo e intento de homicidio.

Como consecuencia de las averiguaciones previas en su contra por estos delitos, el martes 17 de junio, Suástegui fue detenido sin existir orden de aprehensión en su contra , además de haber sido golpeado y amenazado, y trasladado de manera irregular (muy rápido y sin existir justificación legal) del Juzgado X,  al penal de La Unión (a más de 10 horas de Acapulco), y luego trasferido al Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste de Tepic, Nayarit, interfiriendo con ello la posibilidad de que pudiera ser asistido de manera inmediata por sus abogados.

Ahora, los defensores esperan verificar cuál es la situación legal de Marco Antonio y en tanto, la sociedad y las organizaciones debemos exigir  respeto a sus garantías procesales y su libertad inmediata.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, tiene en su página una acción urgente emitida por el Centro de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que puedes firmar y exigir que se garantice su integridad física y psicológica, así como su liberación inmediata, entre otros puntos.

La detención de Marco a principios de esta semana no es el único caso de luchadores sociales criminalizados.

Este viernes tres activistas más del estado de Chihuahua: Gabino Gómez Escárcega, Martín Solís Bustamante y Joaquín Solorio Urrutia, dirigentes de El Barzón en esa entidad y quienes han sido férreos defensores de un campo sin transgénicos y de la biodiversidad junto con Greenpeace y otras ONG, también fueron detenidos.

A principios de este mes se emitió una sentencia que confirma la orden de aprehensión en contra de Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo de Vicam de la Tribu Yaqui. Cabe recordar que Mario Luna ha fungido como el vocero de la Tribu Yaqui en la defensa legal que ésta ha emprendido en contra de la construcción y operación del Acueducto Independencia, el cual pretende trasvasar a la Cuenca del Río Sonora el agua del Río Yaqui, la cual pertenece en un 50% a la Tribu.

Y en marzo de este año, una protesta civil pacífica de Greenpeace en el estado de Veracruz, derivó en que se levantaran cargos contra nuestros activistas por supuestos delitos de daño y allanamiento de morada, mismos que finalmente quedaron sin efecto.   

Todos estos casos deben ser una señal de alerta.

¿Es esto una “lección” para Marco Antonio y el Cecop? ¿es un “ejemplo” para cualquier activista de que el precio por actuar puede ser la cárcel?       

¿Es un claro mensaje de los gobiernos locales y del federal al movimiento social de que nadie debe atreverse a organizarse para defender su tierra?