La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), un proyecto de ley con el que planteamos soluciones a la actual crisis de agua, garantizar el derecho humano al líquido y terminar con la descargas de contaminantes en nuestros ríos, lagos y cuencas es casi una realidad ya que nos faltan menos firmas para poder obligar a los legisladores a discutirla.
Se trata de una de las reformas estructurales que le quedan pendientes al gobierno federal y que si no nos ponemos las pilas nos podemos enfrentar de nuevo ante una nueva ley orientada a la privatización, al extractivismo y a más contaminación del agua. Para evitar esto, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, movimiento al que también pertenece Greenpeace México, presentó esta mañana ante los medios de comunicación la última fase de la campaña de firmas, si juntamos más de las 104 mil requeridas por ley, obligaremos a nuestros representantes a discutirla en el Congreso. El tiempo apremia porque la Comisión Nacional del Agua y próximamente un grupo de diputados también tienen planeado presentar sus propias versiones de ley y es probable que lo hagan a finales de este mes.
La Iniciativa, cuya primera versión completa puedes consultar en www.aguaparatodos.org.mx, tiene como ejes poner fin a la corrupción en el sector, garantizar acceso a agua de calidad para tod@s como prioridad nacional; para ecosistemas y para la soberanía alimentaria; poner fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad prevenible a sequías, inundaciones y al cambio climático en general.
La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas busca la planeación consensada y la contraloría ciudadana, para poner fin a la corrupción en el sector, y garantizar el acceso equitativo y sustentable al vital líquido e impedir el autoritarismo del agua. Establece en primer lugar que el agua es un bien de la nación, proveniente de la naturaleza, y que las decisiones sobre ella tendrán que ser tomadas por los pueblos y la ciudadanía en sus respectivas escalas de territorio
No permite mercantilizar el agua, ni privatizar o lucrar con su gestión. Se centra en la elaboración cogestionada, o sea ciudadana-comunitaria y gubernamental, de planes de ejecución obligatoria, vigilados por una contraloría ciudadana.
Desde Greenpeace México y en coordinación con muchísimos actores de la sociedad civil entre académicos, organizaciones y comunidades participamos proactivamente en el desarrollo de los fundamentos de esta ley para poner fin a la contaminación del agua, población y comunidades. Con ese objetivo hoy presentamos los principios que consideramos son el camino inicial para acabar con la contaminación en los cuerpos de agua:
- El agua destinada para uso personal o doméstico debe ser salubre y cumplir criterios de calidad, enfocados a la prevención de enfermedades, no sólo gastrointestinales sino aquellas consideradas crónico-degenerativas.
- El agua de uso humano no debe contener microorganismos, sustancias químicas o radiactivas cuya concentración represente un peligro o riesgo para la salud de las personas a lo largo de su vida. Por otro lado, las aguas residuales derivadas de los asentamientos urbanos, actividades industriales, minera o agroindustria deberán someterse a un tratamiento cuyo objetivo será cumplir con condiciones de sanidad que no afecten el caudal ecológico y la salud de las personas.
- Se debe promover la participación de observatorios ciudadanos y la reestructuración institucional encargadas de la vigilancia y observación de las normas ambientales y de salud y se deberá implementar la meta Cero Descargas de Aguas Residuales de manera progresiva y en casos de incertidumbre por los daños que puedan causar el uso de nuevos materiales o sustancias químicas que puedan estar en las aguas residuales cuyo efecto altere irremediablemente a los ecosistemas o genere problemas de salud crónico degenerativas se deberá aplicar el Principio Precautorio.
- Toda la información relativa a la emisión y trasferencia de contaminantes en cuerpos de agua deberá ser pública y basarse en un Principio de Transparencia con el fin de que la sociedad pueda conocer lugar, nombre, cantidad y tipo de sustancia procesada y descargada por pequeñas, medianas y grandes empresas
- Se establece un Principio de Cero Impunidad con el que los daños ocasionados a los cuerpos de agua y sus ecosistemas ya no podrán ser solamente resarcidos mediante el pago de multas y fianzas sino que habrá responsabilidades penales para quienes resulten responsables de dichos daños.
Casos de contaminación química y sus efectos destructivos en la población y ecosistema del agua abundan, uno de los más emblemáticos es el que ocurre en el Río Santiago, en Jalisco, donde cerca de 300 industrias descargan diariamente miles de sustancias tóxicas provocando enfermedades graves y crónicas en la población más cercana de los municipios de El Salto y Juanacatlán. Hace unas semanas, la misma ONU declaró que este caso un ejemplo “de una catástrofe ecológica”, una situación que desde Greenpeace México creemos podemos comenzar a revertir con la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas.