Noticia - 18 diciembre, 2007
La salida de Ignacio Loyola Vera de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es una oportunidad para despartidizar la procuración de justicia ambiental en México y evitar que este puesto sea nuevamente un trampolín para funcionarios sin experiencia, observó Greenpeace.
La tala inmoderada fue uno de los intereses creados que Loyola jamás tocó.
La salida de Ignacio Loyola Vera de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es una oportunidad para despartidizar la procuración de justicia ambiental en México y evitar que este puesto sea nuevamente un trampolín para funcionarios sin experiencia, observó Greenpeace.
La organización ambientalista recordó que Loyola Vera fue cuestionado en repetidas ocasiones por las ONG, debido a que puso los intereses personales y privados por encima de la ley y de los ecosistemas mexicanos. Algunos temas cuestionados durante su administración fueron: la incapacidad para perseguir y detener la tala ilegal, para evitar la sobrepesca en zonas restringidas y para perseguir a los desarrolladores turísticos que infringen la ley.
La procuración de justicia ambiental en México hasta ahora ha sido muy débil no sólo por que al frente de la Profepa se coloca a personas que desconocen los temas ambientales sino también por la falta de recursos económicos, humanos y técnicos y la falta de independencia de esta institución.
Para que la Profepa sea una institución fuerte y confiable, que procure la justicia ambiental a través de un estricto cumplimiento de la ley, debe ser independiente de la Semarnat. Profepa no puede estar sujeta a cuotas y compromisos partidarios.
El nuevo funcionario de la Profepa debe privilegiar el interés público, no ceder a las presiones de los intereses privados y no tener conflictos de interés.
Por ello, Greenpeace propone que el nuevo procurador salga de un concurso abierto, y sea una persona con experiencia en temas legales y ambientales, con capacidad técnica probada y una propuesta clara para reorganizar la Profepa. Ello evitará la impunidad, corrupción, indolencia y vacíos de autoridad al interior de la Profepa.
Ningún partido político debe intervenir en la labor de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Esta institución debe estar en manos de técnicos con capacidad política, que puedan administrar y contener la destrucción de nuestros recursos naturales.
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