Noticia - 23 diciembre, 2010
Después de 2 años y medio de lucha para demostrar que sí existe corrupción en el programa de carne de ballena en el gobierno japonés, la Agencia de Pesca admitió ayer que cinco de sus funcionarios habían recibido y comercializado carne de ballena de manera clandestina, violando los procedimientos establecidos por el programa de caza de cetáceos, como lo había denunciado Greenpeace en 2008.
Los funcionarios japoneses reconocieron que recibieron la carne de ballena violando el código de ética del programa nacional de funcionarios del servicio público y ahora han sido sometidos ahora a un castigo disciplinario.
Tras la noticia, Junichi Sato, director Ejecutivo de Greenpeace Japón, señaló que la decisión de Japón de aplicar sanciones disciplinarias a sus funcionarios es un avance, pero advirtió que la corrupción en el programa de caza de ballenas es mucho más grande e institucionalizada.
Sato, junto con Toru Suzuki, fueron detenidos y acusados en 2008 de haber robado carne de ballena para presentarla como evidencia del tráfico existente en el programa de caza que realiza Japón, cuando la evidencia se obtuvo por medio de informantes que confirmaron la existencia de esta red de venta ilegal de carne.
Greenpeace ha logrado frenar la demanda de la carne de ballena en el mercado japonés trabajando con los supermercados y los minoristas japoneses. Esto ha mermado financieramente en el programa de caza de ballenas, pero ahora, el reconocimiento de la corrupción golpeará la credibilidad en este proyecto. Este es el momento en que los contribuyentes japoneses deben exigir al gobierno que detenga el financiamiento para la caza de cetáceos.
El hecho de que la Agencia de Pesca admita y se disculpe por la corrupción en el escándalo por el tráfico de carne de ballena, debe tener un gran impacto en el juicio contra Junichi y Toru, quienes están aún a la espera de la fecha para la audiencia del Tribunal Superior, que debe pronunciarse sobre este caso. En septiembre pasado, el Tribunal de Distrito de Aomori retiró una pena de un año de carcel a los dos activistas de Greenpeace, pero mantuvo el cargo de robo.
Greenpeace exige que se amplie la investigación a terceros involucrados en este escándalo para revelar el verdadero rostro del programa de caza de ballenas.