En este espacio, Luis Arriaga, director del Centro Prodh expuso que Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera “son protagonistas de un movimiento que dio muchos frutos; se opusieron de manera contundente a la tala de bosques en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero, con su actividad educativa de consciencia y de difusión, lograron detener las actividades de una empresa del extranjero que actuaba con la complicidad de caciques y autoridades estatales”.
Arriaga agregó que la defensa de Rodolfo y Teodoro va de la mano con la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), y por ello, “no debe olvidarse que su activismo ecológico está vinculado a su condición de campesinos; en México, decir campesino es decir pobre, vulnerado en la propia dignidad, ser despojado de derechos. Los orígenes de esta vulneración se ubican en causas concretas, en decisiones gubernamentales como el abandono del campo en nombre de las políticas que privilegian la migración e importación de alimentos sobre el apoyo a los campesinos para que sean ellos quienes cultiven los alimentos”
Por último, explicó que el gobierno mexicano está obligado a atender la resolución de la CIDH, que a su vez, permitiría construir las bases para garantizar la defensa de los derechos humanos de quienes viven en los bosques y demandan su conservación, defienden y promueven los derechos humanos.
Salvador Frausto, que participó en este foro, señaló que la criminalización de la protesta social es “un atentado contra la libertad de expresión y contra las libertades civiles”, pero sobre todo, “contra el corazón de la democracia misma”. Indicó que en el caso de Rodolfo y Teodoro se demuestra que “un Estado que pone al Ejército y los policías a perseguir, criminalizar y torturar a dos defensores de la legalidad, no es otra cosa que un Estado no democrático, y eso se parece mucho a las dictaduras”.
La actriz Julieta Egurrola, férrea defensora de los derechos civiles y del medio ambiente, compartió su experiencia sobre la cercanía que ha mantenido con movimientos sociales de lucha por la tierra: “estas cosas ya no me caben en el corazón, no puedo quedarme en mi casa cruzada de brazos. El dolor, el desarraigo, la ruptura, la gran injusticia que se vive”.
Por su parte, Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace indicó que el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera “exhibe a México como un gobierno que no es capaz de conservar sus recursos naturales y criminaliza, persigue y reprime a quien intenta defenderlos, siendo uno de los cinco países con más deforestación a nivel mundial”.
A pesar del ataque que hay a la propiedad comunal en nuestro país, Magallón confronta que “casi el 80 por ciento de los bosques y selvas son propiedades comunales indígenas de las que dependen y en las que viven 12 millones de personas”, como lo vemos en el caso de Petatlán.
Casos como el de Rodolfo y Teodoro se han replicado en diversas zonas forestales del país: Hermenegildo Rivas e Isidro Baldenegro, en Coloradas de la Virgen Chihuahua; el caso de Felipe Arriaga, fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán Guerrero y asesinado en septiembre de 2009; Albertano Peñalosa, también en Guerrero; Aldo Zamora, en San Juan Atzingo, Estado de México, entre otros.
El marco jurídico mexicano es deficiente en cuanto al reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En los casos donde se destruyen ecosistemas forestales para construir megaproyectos urbanos, a las comunidades afectadas se les niegan derechos elementales como la participación, previa información y la consulta. Las autoridades se empeñan en generar conflictos o en presentar las afectaciones como resultado de conflictos entre particulares. Las luchas de quienes defienden estos derechos se caracterizan por las dificultades para lograr su reconocimiento. A esto se suman otras tácticas empleadas para desacreditar las luchas o para causar división: la judicialización de los conflictos, el uso faccioso del sistema de justicia, la desatención que favorece el empleo de recursos, cada vez más fuertes, que legitiman la intervención de la fuerza pública, el hostigamiento, la persecución y otras tácticas disuasorias como la militarización de vastas regiones, sobre todo de las más aisladas.