Noticia - 2 septiembre, 2010
El procurador federal de protección al ambiente, Patricio Patrón Laviada, recibió las peticiones de 7,486 ciudadanas y ciudadanos de todo el país, quienes le demandaron responder a la brevedad la denuncia interpuesta por los habitantes de Apaxco y Atotonilco en contra de la empresa Ecoltec, SA de CV, filial en México de la transnacional Holcim Apasco.
Obsequian residuos peligrosos a la Profepa
Estas peticiones fueron enviadas entre el 20 de julio y el 31 de agosto y señalan lo siguiente: “... le solicito que de manera urgente y en cumplimiento de su mandato como responsable de impartir justicia en materia ambiental, proceda a realizar un análisis exhaustivo y riguroso del expediente legal, que incluya la Manifestación de Impacto Ambiental, los permisos relativos al manejo de los residuos y demás demandas contenidas en la denuncia popular interpuesta por el Grupo Ambientalista ProSalud Apaxco-Atotonilco, que tome en consideración los padecimientos que la ciudadanía ha sufrido y que imponga sanciones estrictas a los responsables de los mismos, entre ellas, la clausura de la empresa [Ecoltec], a fin de que no continúe afectando a la población.
Aunque las empresas intentan hacer pasar la quema de residuos peligrosos como una práctica ambientalmente sustentable, esto no es así. Los pueblos que rodean a la empresa Ecoltec han padecido durante años emanaciones tóxicas, que han deteriorado su salud. Si a eso agregamos la generación de dioxinas y furanos que provoca la quema de residuos peligrosos en los hornos cementeros, resulta evidente que no hay ninguna razón para permitir que estas prácticas continúen. Hasta ahora, los pasivos ambientales y de salud han sido absorbidos por la sociedad, no por quienes los ocasionan. En sus manos está revertir esta situación.”.
En septiembre de 2009 las comunidades afectadas por Ecoltec interpusieron una denuncia popular ante Profepa y el plazo para responderla se cumplió el pasado marzo. Hasta la fecha, la Procuraduría no ha dado respuesta a los ciudadanos.
Para Greenpeace, este caso ejemplifica por qué nuestro país requiere con urgencia una ley de responsabilidad frente al daño ambiental, a fin de que las empresas se hagan responsables de los daños que ocasional al ambiente y a la población.