Noticia - 11 julio, 2011
Hoy dio inicio en Jersey, Reino Unido, la 63a reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Al mismo tiempo, estamos en la víspera de que un tribunal de Japón dé su veredicto sobre la apelación que presentaron dos activistas, ante la condena por robo que se deriva de un largo proceso judicial a raíz de que nuestra organización presentara evidencias del tráfico y corrupción con carne de ballena en ese país, en 2008.
Junichi Sato, entonces activista de Greenpeace y hoy director ejecutivo en Japón, deseaba estar presente en la reunión de la CBI, donde existen varios países que siguen presionando para que se abra nuevamente la cacería de ballenas con fines comerciales; pero después del desastre de Fukushima y con este juicio en curso, ha tenido que permanecer en Japón.
Han pasado ya tres años desde que Sato y Toru Suzuki desataron un escándalo de corrupción dentro del programa de caza de ballenas, al exponer que la carne se vendía en el mercado negro con el conocimiento de diversos funcionarios del gobierno. Como respuesta, el gobierno japonés arraigó a los activistas, los acusó de robar la carne de ballena y allanó la oficina de Greenpeace Japón en la búsqueda de pruebas. En septiembre del 2010, Junichi y Toru fueron condenados por robo, pero ellos apelaron el veredicto.
A pesar de que se hizo pública la corrupción en la industria ballenera, de que se mostraron evidencias y declaraciones de testigos que apoyaron los alegatos de Greenpeace Japón en la corte, además de la disculpa por parte de la Agencia de Pesca y de sus oficiales e inspectores en los barcos, que reconocieron haber recibido carne de ballena como regalo del operador de la flota; las autoridades japonesas han fracasado en investigar o castigar a los verdaderos criminales.
Este año, en la 63a reunión de la CBI debe abrirse un espacio de discusión y análisis sobre lo que representa el escándalo por el tráfico de carne de ballena en Japón, de igual forma que otras actividades corruptas de las cuales este país ha sido acusado.
Ahora, con la actual crisis nuclear derivada del terremoto y tsunami del 11 de marzo, el gobierno debe redireccionar los enormes subsidios otorgados a la industria ballenera y destinarlos a programas que ayuden a la población y permitan apoyar a las comunidades pesqueras sustentables.
La CBI y la industria ballenera de Japón siguen pensando en su futuro colectivo, con fines meramente mercantiles; Greenpeace espera que ahora prevalezca la visión de que las ballenas deben permanecer dentro de nuestros océanos y lejos de los arpones.