Salvemos Cabo Pulmo
© Greenpeace / Iván Castaneira
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sabía desde el 19 de abril del 2012 que Hansa, la inmobiliaria que pretende construir Cabo Cortés, no cumplió con las condicionantes impuestas en la autorización ilegal de impacto ambiental que se les otorgó en enero del 2011, denunciaron las organizaciones Greenpeace y Cemda, con base en una notificacion de Semarnat a la empresa obtenido a través de Infomex.
Con el oficio SGPA/DGIRA/DG/2969 firmado por el titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), Alfonso Flores Ramírez, se le informa a Cabo Cortés del incumplimiento de nueve condicionantes establecidas en la autorización en materia de impacto ambiental y además se le niega al promovente del proyecto la ampliación de plazo para cinco de ellas, como lo había solicitado Hansa, explicó Alejandro Olivera coordinador de la campaña de Océanos y costas de Greenpeace México.
Lo que hemos descubierto y que es sumamente grave es que no sólo las ONG sabíamos de estas irregularidades; también la propia autoridad ambiental quien incluso lo notificó oficialmente a Hansa, pero al mismo tiempo se hizo 'de la vista gorda' y omitió actuar en consecuencia. Ello implica que el proyecto debió ser clausurado de manera definitiva y la autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Sermanat debió ser revocada, dijo Gustavo Alanis Ortega, director ejecutivo del CEMDA.
El incumplimiento de 9 de 20 condicionantes de la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto turístico de Cabo Cortés, le otorga a Semarnat elementos suficientes para que cancele de manera definitiva dicho desarrollo que representaría una gran amenaza para el área natural protegida de Cabo Pulmo en Baja California Sur, denunciaron las organizaciones.
El reglamento interno de la Semarnat (art 19 fracc. XXV) faculta a los directores generales para resolver asuntos sobre autorizaciones, así como atraer para su resolución los expedientes administrativos relativos al otorgamiento, modificación, prórroga, revocación, suspensión, anulación, declaración de nulidad, ineficacia y extinción, parcial o total de los permisos, licencias y autorizaciones.
La realidad es que aun cuando el citado reglamento faculta al director general de impacto y riesgo ambiental (DGIRA) para modificar, simplificar, anular, modificar y revocar las autorizaciones en materia de impacto ambiental (art. 27,fracc.III), la DGIRA "se lava las manos" argumentando que sólo está facultada para actuar en el caso que se haya otorgado alguna suspensión o se haya emitido alguna resolución en el mismo sentido.
Lo que estamos pidiendo, en este caso al Presidente Felipe Calderón, es que sea congruente en su actuar y que si internacionalmente se promueve como un funcionario responsable con el medio ambiente inste a sus secretarios a cumplir con la ley y sus facultades, o de lo contrario, sea el mismo como primer mandatario quien cancele Cabo Cortés.
Las condicionantes que se incumplen pueden ser consultadas aquí