Noticia - 25 noviembre, 2014
México D.F. El próximo 20 de diciembre se cumple el plazo legal establecido en la reforma constitucional en materia de energía para que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa correspondiente o bien, las reformas a diversas leyes que permitan incrementar la participación de fuentes renovables de energía y de eficiencia energética, ligadas con las metas de reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático.
Por ello, diversas organizaciones de la sociedad civil: Alianza por la Eficiencia Energética, Cemda, Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales, Centro de Análisis e Investigación Fundar, El Barzón, Fundación Desarrollo Sustentable, Greenpeace, Grupo de Financiamiento Climático, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Inteligencia Pública, Pro Natura, Red de Jóvenes por el Agua, Telar Social México y Tierra Nueva, elaboraron la Declaratoria a favor de más energías renovables y menos combustibles fósiles a fin de que las y los legisladores se comprometan a trabajar en este tema y a aprobar las modificaciones necesarias para que nuestro país cuente con un marco jurídico que le permita reducir de forma sustancial su dependencia de los combustibles fósiles y alcanzar las metas comprometidas en materia de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).
Los puntos específicos que las organizaciones demandan a los legisladores incluir en la iniciativa correspondiente, o bien dentro de las modificaciones a diversos ordenamientos legales se encuentran:
- Armonizar los marcos legales en materia energética y de cambio climático.
- Introducir y cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) en materia de eficiencia energética en el transporte, los servicios, la edificación, la industria y el sector doméstico.
- Sentar las bases para alcanzar las metas de mitigación de GEI, de transición energética y de eficiencia energética de manera sustentable, no sólo reduciendo emisiones de GEI sino minimizando las afectaciones ambientales y sociales.
- Desarrollar de las condiciones legales e institucionales para aumentar el aprovechamiento y uso de las energías renovables, a pequeña, mediana y gran escala, y la eficiencia energética.
- Establecer una hoja de ruta para cumplir con las metas de transición energética y de reducción de emisiones que dictan la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y la Transición Energética (LAERFTE) y la LGCC, respectivamente.
- Definir una hoja de ruta y mecanismos financieros para líneas de transmisión[1].
- Aprobar suficientes recursos presupuestarios e incentivos fiscales para impulsar la transición energética.
- Generar mecanismos para movilizar recursos privados e internacionales, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
- Fortalecer institucional y presupuestariamente a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y lograr la aplicación del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE).
- Reformar la definición de energías limpias de forma que se excluyan aquellas tecnologías que pueden conllevar impactos ambientales y sociales negativos, como la energía nuclear, las grandes hidroeléctricas, la quema de residuos sólidos urbanos y la cogeneración.
- Incluir externalidades ambientales en el desarrollo de proyectos o actividades en materia de hidrocarburos y energías renovables[2].
- Modificar las disposiciones de la reforma energética que ponen en riesgo los derechos a un medio ambiente sano; al acceso, saneamiento y disponibilidad de agua, y al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
La Declaratoria fue entregada a las diputadas Lourdes González Moreno y Marisa Ortiz Mantilla, Presidenta y Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, respectivamente.
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