Así lo establece el fallo dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora, relativo al juicio de amparo 834/2015. Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que agrupan a ciudadanos afectados por el ganaron este juicio de amparo por la contaminación del agua en dos pozos de la región, y han demandado a tres instituciones de salud —ISSSTESON, IMSS y Secretaría de Salud— por la falta de atención a la población afectada por el derrame.
Esta sentencia echa por tierra el discurso oficial del gobierno y la empresa Grupo México, causante del derrame, según el cual ya no existe contaminación en el río Sonora, lo que ha favorecido que, incluso, en los últimos dos años se instalen bebederos en las escuelas públicas de nivel básico para proveer agua a los estudiantes, la cual proviene del río Sonora sin ningún tratamiento de purificación previo.
Dado que se han detectado niveles por arriba de los valores máximos de metales permitidos en el agua para consumo humano, los CCRS cuestionan si la desatención de las autoridades estatales y federales ha agravado los problemas de salud de la población derivados de consumir agua contaminada.
Por lo anterior, los CCRS, acompañados por la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), han interpuesto una demanda de amparo contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud (que opera el Programa de Seguro Popular) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no haber respondido a diversas solicitudes de información para conocer el estado de salud de los habitantes de río Sonora, y no haber atendido su salud.
En la demanda presentada los CCRS señalan que, en el escenario de incertidumbre actual generado por la comprobación de contaminación en dos pozos, “se ha vuelto urgente contar con un diagnóstico óptimo sobre nuestro estado de salud, el cual al menos debe consistir en la realización de las pruebas idóneas, adecuadas y necesarias para confirmar si sufrimos o padecemos alguna exposición o intoxicación por metales pesados”.
Hay que recordar que la contaminación de ambos ríos fue considerada como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, que afectó directamente a 22 mil personas y, de forma indirecta, a otras 250 mil en los siete municipios situados a orillas del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo.
Grupo México: Tres años de promesas incumplidas e impunidad
A tres años de la contaminación de los ríos Bacánuchi y Sonora, las labores de limpieza y remediación por parte de Grupo México han sido insuficientes. La mayor parte de los pozos que debían ser reubicados siguen en su lugar y muchos siguen funcionando a pesar de estar a escasos metros del río.
Apenas se ha construido una de las 36 plantas potabilizadoras prometidas por la minera y, en abril de este año, se dio a conocer que se construirían solamente nueve de ellas. Cuestionados por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos acerca de la ausencia de las purificadoras, los funcionarios de esta empresa argumentaron que “sería irresponsable hacerlas” porque las autoridades municipales “no tenían capacidad para explotarlas”.
Una serie de análisis independientes ha constatado, año tras año, la presencia de metales pesados en el agua por encima de lo que marcan las normas internacionales. Cabe recordar que los metales pesados son bioacumulables, por lo que las afectaciones a la salud pueden tardar meses, o años, en aparecer.
El responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), encargada de atender los casos por contaminación en la región, dijo en julio de 2017 que 381 habitantes del río Sonora presentaban desechos tóxicos en sangre y orina. Aunque estos pacientes requieren atención médica, Grupo México ha retrasado la creación del centro de atención médica que comprometió.
La reparación de los daños económicos a agricultores y ganaderos ha sido otro motivo de disputas y críticas, ya que el Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora no realizó ningún análisis para definir el reparto de los 2 mil millones de pesos destinados a la compensación de daños económicos causados por el derrame, lo que provocó que las indemnizaciones fueran ínfimas comparadas con el nivel de las afectaciones.
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