Noticia - 3 septiembre, 2015
La defensa del medio ambiente y de los derechos humanos no debe ser motivo de persecución ni hostigamiento judicial, por parte de las autoridades ni mucho menos de grupos privados que utilizan la fuerza del Estado para criminalizar la protesta civil pacífica.
En México el Derecho Humano a un medio ambiente sano es un derecho reconocido en el artículo Cuarto de la Constitución. A pesar de ello, los defensores del medio ambiente son los luchadores sociales más perseguidos.
Algunos de ellos como Noé Vázquez representante del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Mapder, han dejado la vida en la lucha por el medio ambiente, Mario Luna y Fernando Jiménez, representantes de la tribu Yaqui, quienes se oponen al Acueducto Independencia son acosados por el Estado, y Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a la presa La Parota, a quien se le han fabricado siete causas penales, por su activa participación en la defensa del Río Papagayo.
El caso de Marco Antonio es emblemático. Los procesos penales iniciados en su contra tienen el objetivo de imponer, por medio de la fuerza, la construcción de la presa La Parota.
Existe un uso faccioso en la aplicación de la justicia en el estado de Guerrero, así lo ejemplifican los procesos penales iniciados contra Marco.
El gobierno mexicano busca imponer la construcción de la presa La Parota, contemplada ahora en el Plan Nuevo Guerrero, y pasar por encima de 5 resoluciones judiciales emitidas por un Tribunal Agrario a favor de los pueblos y comunidades defensoras del Río Papagayo en el Acapulco rural.