{"id":34114,"date":"2026-06-25T15:07:47","date_gmt":"2026-06-25T18:07:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/argentina\/?p=34114"},"modified":"2026-06-29T07:24:31","modified_gmt":"2026-06-29T10:24:31","slug":"super-rigi-organizaciones-advierten-sobre-riesgos-fiscales-ambientales-y-de-soberania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/argentina\/story\/greenpeace\/super-rigi-organizaciones-advierten-sobre-riesgos-fiscales-ambientales-y-de-soberania\/","title":{"rendered":"S\u00faper RIGI: organizaciones advierten sobre riesgos fiscales, ambientales y de soberan\u00eda"},"content":{"rendered":"\n
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Polo Petroqu\u00edmico Dock Sud \u00a9 Martin Katz \/ Greenpeace<\/figcaption><\/figure>\n\n

Un documento conjunto de organizaciones de la sociedad civil se\u00f1ala que el proyecto otorga beneficios extraordinarios por 30 a\u00f1os sin definir con precisi\u00f3n las actividades alcanzadas, sin evaluaci\u00f3n oficial de impacto fiscal y sin condiciones ambientales, productivas ni tecnol\u00f3gicas verificables.<\/h4>\n\n

Las organizaciones de la sociedad civil elaboraron un an\u00e1lisis cr\u00edtico <\/a><\/strong>sobre el proyecto de Ley de R\u00e9gimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como \u201cS\u00faper RIGI<\/strong>\u201d, que obtuvo ayer media sanci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n

El documento <\/a><\/strong>advierte que la iniciativa crea un r\u00e9gimen excepcional de beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversi\u00f3n superiores a USD 1.000 millones, con estabilidad normativa por 30 a\u00f1os. Sin embargo, el texto no define con precisi\u00f3n qu\u00e9 actividades quedar\u00e1n alcanzadas, no incorpora una evaluaci\u00f3n oficial del gasto tributario y no establece obligaciones vinculantes de desarrollo productivo<\/strong>, transferencia tecnol\u00f3gica, uso responsable del agua, abastecimiento energ\u00e9tico ni reducci\u00f3n de emisiones.<\/p>\n\n

\u201cEl Congreso no puede aprobar un r\u00e9gimen de beneficios extraordinarios sin saber con claridad qu\u00e9 actividades ser\u00e1n alcanzadas, con qu\u00e9 impacto fiscal, bajo qu\u00e9 condiciones ambientales y con qu\u00e9 mecanismos de control democr\u00e1tico\u201d, se\u00f1alaron las organizaciones.<\/p>\n\n

Uno de los principales problemas del proyecto es la indeterminaci\u00f3n de su objeto. El art\u00edculo 4\u00b0 define las \u201cnuevas actividades econ\u00f3micas\u201d como aquellas que no se desarrollen en el pa\u00eds o cuyo grado de desarrollo sea experimental o piloto, pero deja su alcance concreto sujeto a la reglamentaci\u00f3n posterior<\/strong>.<\/p>\n\n

Esto implica que el Congreso aprobar\u00eda una ley que delega en el Poder Ejecutivo la definici\u00f3n de qu\u00e9 sectores, empresas o proyectos podr\u00e1n acceder a beneficios extraordinarios durante tres d\u00e9cadas. Para las organizaciones, esta delegaci\u00f3n plantea un problema jur\u00eddico e institucional relevante, ya que la Constituci\u00f3n Nacional exige que toda delegaci\u00f3n legislativa tenga bases claras, materia determinada y l\u00edmites precisos.<\/p>\n\n

El S\u00faper RIGI profundiza los beneficios ya previstos en el RIGI aprobado en la Ley Bases.<\/strong> Entre otros puntos, reduce la al\u00edcuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, elimina derechos de exportaci\u00f3n desde el inicio del proyecto, ampl\u00eda exenciones de importaci\u00f3n, reduce contribuciones patronales al 10% y otorga estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social por 30 a\u00f1os.<\/p>\n\n

A pesar de esa magnitud, el proyecto no exige compra m\u00ednima de insumos nacionales, contrataci\u00f3n de proveedores locales, inversi\u00f3n obligatoria en investigaci\u00f3n y desarrollo, transferencia tecnol\u00f3gica, articulaci\u00f3n con universidades p\u00fablicas ni cesi\u00f3n de capacidad tecnol\u00f3gica para el sistema cient\u00edfico nacional.<\/p>\n\n

El riesgo se\u00f1alado por las organizaciones es que el r\u00e9gimen habilite econom\u00edas de enclave: proyectos que utilizan suelo, energ\u00eda, agua e infraestructura argentina<\/strong>, pero sin generar capacidades locales, desarrollo productivo ni beneficios proporcionales para el pa\u00eds. El proyecto tampoco incorpora condiciones ambientales espec\u00edficas sobre consumo energ\u00e9tico, uso del agua, emisiones de carbono ni evaluaci\u00f3n de impactos acumulativos. Esta omisi\u00f3n resulta especialmente preocupante frente a la posibilidad de que el r\u00e9gimen alcance a proyectos de infraestructura digital y centros de datos de gran escala.<\/p>\n\n

Los centros de datos pueden demandar enormes vol\u00famenes de energ\u00eda, agua y suelo. Sin reglas claras, su instalaci\u00f3n podr\u00eda tensionar redes el\u00e9ctricas, profundizar conflictos por el agua y consolidar infraestructura cr\u00edtica en manos privadas sin control p\u00fablico suficiente.<\/p>\n\n

Por eso, las organizaciones plantean que el Congreso debe incorporar en el texto de la ley obligaciones ambientales precisas, evaluaciones de impacto ambiental, condiciones de eficiencia energ\u00e9tica, abastecimiento renovable, uso responsable del agua y mecanismos de monitoreo p\u00fablico.<\/strong><\/p>\n\n

Otro punto cr\u00edtico es el art\u00edculo 73, inciso c, que garantiza a los Veh\u00edculos de Proyecto \u00danico el derecho a la \u201coperaci\u00f3n continuada del proyecto sin interrupciones\u201d, salvo orden judicial y con defensa previa de la empresa.<\/p>\n\n

Esta cl\u00e1usula podr\u00eda restringir la capacidad del Estado de actuar preventivamente ante riesgos ambientales, energ\u00e9ticos, sociales o regulatorios. En la pr\u00e1ctica, el proyecto quedar\u00eda protegido por una garant\u00eda reforzada de continuidad operativa, incluso frente a situaciones que exijan intervenci\u00f3n p\u00fablica urgente.<\/p>\n\n

Ning\u00fan r\u00e9gimen de promoci\u00f3n de inversiones debe impedir la protecci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico, la salud, el ambiente, el acceso al agua, la energ\u00eda o los derechos de las comunidades.<\/strong><\/p>\n\n

El proyecto tambi\u00e9n habilita a los inversores a someter controversias a tribunales arbitrales internacionales, como el CIADI, la C\u00e1mara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, con sede fuera del pa\u00eds. Adem\u00e1s, considera los derechos e incentivos otorgados por el r\u00e9gimen como \u201cinversiones protegidas\u201d bajo tratados internacionales.<\/p>\n\n

Esto podr\u00eda debilitar la jurisdicci\u00f3n argentina y exponer futuras decisiones regulatorias del Estado a reclamos internacionales. Tambi\u00e9n reduce la capacidad de modificar pol\u00edticas p\u00fablicas<\/strong>, exigir cumplimiento de condiciones o corregir impactos ambientales, sociales o econ\u00f3micos.<\/p>\n\n

El documento advierte que el S\u00faper RIGI debe analizarse en el contexto de la expansi\u00f3n global de la inteligencia artificial, los centros de datos y la infraestructura digital cr\u00edtica. La instalaci\u00f3n de infraestructura tecnol\u00f3gica de gran escala sin condiciones de transparencia, seguridad, acceso p\u00fablico, transferencia tecnol\u00f3gica ni articulaci\u00f3n con el sistema cient\u00edfico nacional puede profundizar la dependencia tecnol\u00f3gica y la concentraci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n\n

Argentina no debe convertirse en un territorio de experimentaci\u00f3n tecnol\u00f3gica sin reglas claras, sin protecci\u00f3n ambiental, control democr\u00e1tico y beneficios concretos para su sistema cient\u00edfico, productivo y social.<\/strong> Las organizaciones solicitamos que las comisiones competentes no avancen con el dictamen sin incorporar modificaciones sustanciales al proyecto.<\/p>\n\n

El Congreso deber\u00eda exigir una definici\u00f3n legislativa clara y verificable de las actividades alcanzadas; una evaluaci\u00f3n oficial del impacto fiscal; condiciones ambientales obligatorias sobre energ\u00eda, agua, emisiones y evaluaci\u00f3n de impacto ambiental; obligaciones de integraci\u00f3n local<\/strong>, desarrollo de proveedores, inversi\u00f3n en I+D y articulaci\u00f3n con universidades y organismos cient\u00edficos; jurisdicci\u00f3n argentina para la resoluci\u00f3n de controversias; y mecanismos efectivos de transparencia, control parlamentario y rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n

El S\u00faper RIGI no es solo una ley de incentivos a grandes inversiones. Es una decisi\u00f3n sobre qui\u00e9n controlar\u00e1 infraestructura estrat\u00e9gica, bajo qu\u00e9 reglas, con qu\u00e9 costos fiscales, con qu\u00e9 impactos ambientales y con qu\u00e9 capacidad de revisi\u00f3n democr\u00e1tica durante las pr\u00f3ximas tres d\u00e9cadas.<\/strong><\/h4>\n\n

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